Evasión fiscal requiere debate
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El presidente de Apede, Héctor Cotes, afirmó que se debe fortalecer el Tribunal Administrativo y Tributario y evaluar los tiempos de pena para que no haya preventiva.
![En la legislación panameña actual la evasión fiscal es una falta administrativa. /Foto Archivo](https://www.panamaamerica.com.pa/sites/default/files/imagenes/2018/05/17/27175348.jpg)
En la legislación panameña actual la evasión fiscal es una falta administrativa. /Foto Archivo
El proyecto de ley 591, que contempla la penalización de la defraudación fiscal, requiere un debate y todos los esfuerzos para que sea lo menos utilizado para la persecución política, aseguran los empresarios.
El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Héctor Cotes, afirmó que se debe fortalecer el Tribunal Administrativo y Tributario, evaluar los tiempos de pena para que no haya preventiva, fortalecer los años de pena y firmar acuerdos que den mayor tranquilidad a la sociedad.
Agregó que este tema no debe ser usado para persecución política de ninguna manera.
"Los actuales diputados tienen que entender que ellos tienen que legislar para cuando no están en el Gobierno", manifestó.
De acuerdo con Cotes, este es el mejor camino para que la ley sea lo más provechosa posible y tenga el debate requerido ahora que está en receso la Asamblea Nacional.
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Datos5 años de pena de cárcel para quienes evadan el pago de impuestos por encima de los 300 mil dólares.2017 se publicó un estudio por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y de Armas de Destrucción Masiva que reveló que Panamá es uno de los pocos países que no cumplen con los estándares materia fiscal.
La iniciativa, que fue presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional por el ministro Dulcidio De La Guardia, estipula sanciones de 2 a 5 años y multas hasta 10 veces el importe defraudado a las personas que con la intención de defraudar la Hacienda Nacional oculten una obligación.
En el documento también se contempla eliminar la potestad existente del director/a general de Ingresos (DGI) de encarcelar a los defraudadores, según explicó De La Guardia en la presentación del proyecto.
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