Costa Rica defiende negociación con el FMI
- San José
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- EFE
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Los partidos de la oposición expresaron su rechazo a esa propuesta debido a la nueva carga tributaria.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, defendió una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a 1,750 millones de dólares que permitan hacer frente a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, mientras grupos sociales y sindicales se preparan para protestar en las calles.
"Es un planteamiento realista de lo que necesita el país para salir de esta situación. El acuerdo con el FMI es necesario. No tener ese acuerdo es condenarnos a que el ajuste lo haga la economía por sí sola y que haya una potencial crisis que podemos evitar", manifestó Alvarado.
El pasado 17 de septiembre el Gobierno presentó públicamente una propuesta de negociación con el FMI, la cual incluye la creación de nuevos impuestos y recortes de gasto, ante un escenario económico gris que prevé para 2020 una caída de al menos el 5 % de la economía y un déficit fiscal del 9 % del PIB.
Los partidos de la oposición expresaron su rechazo a esa propuesta debido a la nueva carga tributaria y porque consideran que el recorte de gasto es muy pequeño.
El presidente Alvarado afirmó que la propuesta se encuentra sobre la mesa para discutirla con los actores políticos de la Asamblea Legislativa y afinar un planteamiento final para presentar al FMI.
"Decir 'no más impuestos' es muy popular pero absolutamente irresponsable. Necesitamos ingresos para subsanar este contexto", dijo Alvarado, quien reconoció que se trata de una "medicina amarga" y "dolorosa".
La propuesta al FMI incluye la creación de la renta global a partir del 2023, la eliminación de exoneraciones a cooperativas y otros entes, así como un aumento en el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles que pasaría de 0.25 % a 0.75 %.'
1,750
millones de dólares sería el total del préstamo del FMI a Costa Rica.
17
de septiembre el gobierno presentó la propuesta de negociación.
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El acuerdo también establece un impuesto a las transacciones bancarias y un aumento en el impuesto sobre la renta, ambos se aplicarían de manera temporal por dos años, según explicó.
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