Panamá
Comunidades aseguran que no serán 'población de sacrificio' por embalse de Río Indio
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / @PanamaAmerica
Los campesinos aseguran que no solo son 500 familias afectadas como se ha señalado, sino unas 13,640 personas que habitan en la cuenca de Río Indio.
Campesinos que habitan en la cuenca de Río Indio. Foto: Cortesía
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La Coordinadora Campesina por la Vida contra los Embalses denuncia presuntas irregularidades en el proyecto de embalse de Río Indio que busca garantizar el suministro de agua para la población panameña y la operación del Canal de Panamá.
La organización manifestó que “no serán población de sacrificio” y cuestionó el cumplimiento de la licencia social planteada por el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez. Indicaron que las comunidades no han sido escuchadas, sino que solo han utilizado la estrategia del Plan de Acción de Reasentamiento pagando dinero para la participación en las reuniones solo para imponer su agenda, por lo que se viola el Acuerdo de Escazú y de normas ambientales vigentes.
Los campesinos aseguran que no solo son 500 familias afectadas como se ha señalado, sino unas 13,640 personas que habitan en la cuenca de Río Indio, y que además se afectará toda la flora, fauna y demás recursos naturales.
Destacaron que la Ley 28 de 2006, luego de la derogatoria de la Ley 44 de 1999, estableció que no se realizarían embalses en el marco de la ampliación y dentro del funcionamiento del Tercer Juego de Esclusas. “La ley sigue vigente, por lo que al impulsar el proyecto de Río Indio se viola la ley”, sostienen.
La Coordinadora también cuestionó las cifras que maneja la ACP sobre familias campesinas residentes en las comunidades que se inundarán, afirmando que es mucho menor que el número real de familias que serán afectadas.
Citaron como ejemplo que la ACP tiene en su línea base que la comunidad de Limón tiene 34 familias residentes y en realidad existen cerca de 60 familias residentes que serán afectadas. Igual ocurre con la comunidad de Coquillo; la ACP tiene 19 familias, sin embargo, son 65, y lo mismo ocurre en las otras 7 comunidades.
La Coordinadora indicó que, con estas erróneas cifras de línea base de familias residentes, la ACP elabora su “engañosa” estadística del 66% de familias que han participado de las 7 reuniones del Plan de Acción de Reasentamiento, lo que no significa que todos los participantes hayan firmado el plan o que estén de acuerdo con el embalse.
Asimismo, denunciaron que hay gran descontento con las tierras que supuestamente les están ofreciendo a las familias para su reasentamiento. Aseguran que estas tierras no son mejores que las tierras y recursos naturales que tienen ahora mismo.
Además, señalaron que los dueños de las tierras a donde los quieren reasentar no están conformes con lo que la ACP les quiera pagar por las mismas. Más campesinos se están uniendo a la lucha. “Nuestra lucha es por la vida de todos los campesinos. No seremos población de sacrificio, somos ciudadanos”, expresaron.
De igual manera, afirman que no se ha hecho el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del embalse. La ACP ha señalado que será entregado en diciembre. Esto quiere decir, que a las familias de Río Indio se les está solicitando que firmen un Plan de Acción de Reasentamiento sin saber el resultado del EIA.
Aseveran que con esta actuación se violenta el artículo 2 y 4 del Decreto Ejecutivo no. 57 del 16 de marzo de 2000, la sentencia de 25 de mayo de 2016 de la Sala Tercera y el artículo 52 de la Ley 38 de 31 de junio de 2000.
Ante este escenario, los campesinos proponen suspender el proyecto del reservorio de Río Indio, para realizar una Mesa Regional de Diálogo Real con todos los sectores, en especial los campesinos de las cuencas de Río Indio, Caño Sucio y Coclé del Norte.
También plantearon evaluar la alternativa del Lago Bayano y convocar a expertos y especialistas independientes para analizar y valorar la propuesta.
Además, que la ACP dé a conocer los estudios que justifican que Río Indio es la mejor alternativa para que otros expertos independientes puedan analizarlos. Estos estudios son información pública a la que no tenemos acceso.

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