Bajos salarios afectan compra de viviendas propias en Panamá

El adquirir una vivienda propia se dificulta cada vez más para los panameños, con el vencimiento del Fondo Solidario de Vivienda (FSV), las reglas del juego han cambiado, aumentando el ingreso mínimo familiar para financiamientos hipotecarios, requerimiento que ocasiona que la gran mayoría de ciudadanos no sean aplicables a dichos trámites.

Según Blanca Coronado, presidenta del comité de ferias de la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir), los ingresos dependen del tipo de proyecto habitacional desarrollado por los promotores, no obstante, el mínimo pudiera ubicarse entre 850 y 1,000 dólares.

Rango que sobrepasa los ingresos de la mayoría de los trabajadores por $162 dólares, pues el salario mínimo ronda los $636.80 mensuales.

Para la economista Ana Patiño, los panameños, sobre todo, los que devengan bajos salarios, son los mayores perjudicados de este vencimiento, ya que, precisamente este abono inicial permitía que fueran elegibles a estos financiamientos.

Patiño recalcó que no se puede analizar la seguridad social si no se toma en cuenta el mercado de trabajo, salarios, ocupaciones, creación de empleos formales y a los informales que también tienen derecho a tener una vivienda propia.

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"Se debería ampliar la cobertura de salarios considerados para los topes de las viviendas", subrayó.

La economista propone analizar las necesidades de las personas beneficiadas con estos programas y no dejar que sean los bancos los que administren la situación, sino que los compradores tengan el poder de decidir con base en la calidad de la vivienda y su ubicación.'

Con los últimos ajustes realizados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), el salario mínimo promedio en el país es de $636.80 mensuales.

Las promotoras exigen que los ingresos familiares para adquirir propiedades sean de $850.00 dólares en adelante.

Venció el 30 de junio de 2024.

Según las autoridades, el déficit se encuentra en 189,000 unidades de vivienda.

Se busca que sean tomados en cuenta otros aspectos que faciliten la accesibilidad de los nacionales a viviendas dignas, ya que, reducir los ingresos podría provocar que las constructoras desarrollen proyectos de bajo costo que no precisamente serían una solución.

Dichas reducciones podrían traducirse en materiales de mala calidad, viviendas más alejadas de zonas urbanas, acabados internos deficientes, poca o nula accesibilidad a servicios básicos y otras condiciones que a la larga son un riesgo para el comprador y representan un costo adicional.

En este sentido, la jurista recomienda que se realicen las inspecciones correspondientes para garantizar que las propiedades estén en las mejores condiciones posibles para ser adquiridas por los ciudadanos.