Anteproyecto de ley busca bajar el alto costo de las medicinas

Un anteproyecto de ley busca cambiar la posición de Panamá como uno de los países con los más altos costos de los medicamentos, lo cual es sostenido por una enquistada estructura de pocas empresas familiares.

La iniciativa es impulsada por la diputada Zulay Rodríguez quien en su exposición de motivo dijo que es necesario e imperante agilizar y minimizar los trámites burocráticos en los procesos de selección de contratistas para la compra y adquisición de medicamentos e insumos médicos, como también mantener actualizada la base de datos.

La diputada Rodríguez dijo que actualmente los medicamentos en Panamá tienen un costo superior a comparación con otros países de la región e incluso en Europa, con márgenes de ganancia para los proveedores de hasta mil y dos mil por ciento, situación que desmejora los recursos que deben ser administrados en beneficio de todos los panameños.

En ese sentido, la diputada hizo una comparación de precio de algunos medicamentos entre Panamá y España. Por ejemplo, en Panamá la cajeta de cataflan tiene un costo de $21 y la glucosamina tiene un valor de $117; en España los mismos medicamentos cuestan 9.45 euros y 54 euros, respectivamente.

Rodríguez dijo que los mayores beneficiarios son los proveedores de medicamentos, quienes venden con un 1,000% de ganancia, haciendo así que Panamá tenga los precios más caros en medicinas e insumos de toda la región.

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La diputada quien señaló que es la tercera vez que presenta esta ley de ante la Comisión de Salud, dijo que con esta iniciativa se va a rebajar el precio de los medicamentos porque le va a dar la potestad a la Caja de Seguro Social (CSS) para que no haya desabastecimiento y que los costos no estén al 1,000% de ganancia.

Ante esta situación, la diputada propone que las compras de los medicamentos insumos para la salud humana y equipos médicos quirúrgicos y su termino de publicación se haga con antelación al acto público atendiendo al monto.'

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artículos se están modificando con el anteproyecto de ley de medicamentos presentando y se adiciona uno.

Por ejemplo, las contrataciones hasta $500 se realizarán con una cotización, de $500 a $5 mil, podrán realizarse con dos cotizaciones, $5 mil a 10 mil podrán realizarse con tres cotizaciones. Sin embargo, si las contrataciones superan los $10 mil y no excedan los $50 mil, se realizarán mediante acto público.

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El anteproyecto también detalla que toda modificación que se pretenda introducir al pliego de cargos deberá hacerse de conocimiento público, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas "Panamá Compra", en atención al monto, además que se sancionarán a las personas que mantengan desabastecido a la CSS con multas que asciende a $500 mil y un millón de dólares.

El desabastecimiento de medicamentos en la Caja de Seguro Social (CSS) es debido a la existencia de 5 grupos familiares que tienen el control total de todo el mercado de medicamentos bajo un intrincado esquema de compra e importación, distribución, registro y el punto final que sería el suministro al mercado de venta, que implica dos aspectos.

El primero es que estos grupos económicos importan las medicinas, le ponen sobrecostos desde su embarque, un 35% de margen de ganancia cuando las distribuyen, otro 35% por el mayorista y además son dueños de sus propias cadenas de farmacias que ponen al producto, el precio a su antojo, y con un margen final de ganancia de 35%. Por eso, el alto costo de los medicamentos en Panamá.

Mientras que, el segundo aspecto consiste en que el sistema de compras del Estado utilizado por el gobierno de turno, se centra, en proteger los oligopolios de los proveedores de medicamentos, evitando así, que se de una competencia sana.

Recientemente, el Ministerio de Salud a través del Departamento de Farmacias y Drogas subió los precios del trámite, en más del 100%, duplicó y triplicó los costos de los registros sanitarios, para seguir manteniendo la mafia de los proveedores de medicamentos, expresó la diputada Rodríguez.

Los expuesto por Rodríguez está establecido en el Decreto Ejecutivo No. 40, publicado en Gaceta Oficial. Por ejemplo, la tasa del servicio de expedición de registro sanitario de productos farmacéuticos aumentó de $200 a $500; es decir, 150%. Mientras tanto, la expedición de certificaciones en general aumentó 1,233%, al pasar de $15 a $200, de acuerdo con el citado decreto.

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Para los consumidores el Estado debe asumir la compra global de toda la canasta y de esta manera se acaba el monopolio.

Giovanni Fletcher, Instituto Panameño de Consumidores y Usuarios (Ipadecu), dijo que se deben tomar medidas mucho más efectivas y que además sea el Estado el que se apropie del control de las importaciones y l compra global de medicamentos.

"Si el Estado no asume la compra global de todas la cesta de medicamentos no se va a poder romper el monopolio del mercado que nos condiciona de manera exacta y permanente a pagar medicamentos por encima del precio promedio.

Por su parte, Roger Barés, presidente a nivel nacional y representante legal del Comité de Protección al Paciente y Familiares (PROPAFA), manifestó que apoyan toda ley que valla en bien de los pacientes y su salud.

Sin embargo, Barés señaló que la Caja de Seguro Social no es la responsable del tema porque es la que carga con el 85% al 90% de la atención de los pacientes asegurados y no asegurados del país y quien es el regente de la salud en el país es el Minsa.

En cuanto al aumento del costo en el registro sanitario, el dirigente dijo que a su juicio el alza se debe a la necesidad de dar mayor aporte al Laboratorio de la Universidad Nacional para los estudios pertinentes, como esta enmarcado en la Ley 1 de medicamentos.

"Lo que no sabemos si el Minsa está realizando eso, por ello en la Junta Directiva de la CSS, debe existir un representante y su suplente de los pacientes, que sea escogido dentro de una terna y eso no existe", expresó.

La presente ley que debe ser prohijada como proyecto de ley, modifica los artículos 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74,75, 76 y adiciona el artículo 65-A de la Ley 51 de 27 de diciembre 2005 que reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y dicta otras disposiciones.