Alcaldía de Tierras Altas fija pautas a protestas y cierres
Tierras Altas prohíbe los bloqueos de vía pública y los organizadores de la reunión o manifestación serán responsables de los daños causados.
En Tierras Altas cualquier reunión o intención de manifestación pacífica debe ser informada con 24 horas de anticipación a la alcaldía. Foto: Archivos
El Municipio de Tierras Altas en la provincia de Chiriquí aprobó el Decreto Alcaldicio 015 del 5 de diciembre de 2023, por medio del cual el Alcalde Municipal del Distrito de Tierras Altas establece los procedimientos y parámetros para las manifestaciones que se lleven a cabo en el distrito.
Según el documento, cualquier reunión o intención de manifestación pacífica debe ser informada con 24 horas de anticipación a la alcaldía.
Los responsables de la reunión o manifestación deben comunicar sus intenciones a las autoridades locales para garantizar la tranquilidad cívica y coordinada con otras actividades, así como comunicar a las instituciones correspondientes.
Igualmente, prohíbe los bloqueos de vía pública completamente y los manifestantes deben garantizar que las áreas utilizadas estén libres de basura y desecho.
Prohíbe la invasión y destrucción de la propiedad pública y privada, mientras que los organizadores de la reunión o manifestación tendrán que responder por los daños causados.
El decreto alcaldicio fue recibido entre aplausos por algunos sectores, pero también con fuertes reacciones como la de la abogada de derechos humanos, Gilma Gloria Camargo, quien afirma que "el decreto en mención no pasa por encima de la Constitución y el derecho de los pueblos a la protesta y a la autodeterminación".
Para la presidenta de la Cámara de Turismo de Tierras Altas, Maru Gálvez, es fundamental que los gobiernos locales protejan a sus ciudadanos y aseguren el cumplimiento de la ley.
Gálvez sostiene que el derecho a la protesta debe ejercerse sin infringir los derechos de los demás.
El decreto alcaldicio gue recibido entre aplauso y fuertes reacciones como la de la abogada de derechos humano, Gilma Gloria Camargo, quien afirma que "el decreto en mención no pasa por encima de la Constitución y el derecho de los pueblos a la protesta y a la autodeterminación".
"Lo que hace este decreto es demostrar que no son Patriotas, ni democráticos, ni responsables", sostiene Camargo.
El pasado 27 de noviembre, la Cámara de Turismo de Tierras Altas, anunció que el Ministerio Público, específicamente en la sección de atención primaria de David, admitió la querella presentada contra 21 personas, señaladas de organizar las movilizaciones y cierres de vías, por el delito contra el patrimonio económico, seguridad colectiva y terrorismo.
Según datos de la Cámara de Comercio de Chiriquí, lo más de 30 días de bloqueos de vías dejaron pérdidas económica superior a los 800 millones de dólares al sector logístico, más de 25 millones a estaciones de combustible, desabastecimiento, pérdidas millonarias al sector agropecuario y turismo.
Así mismo, provocó la suspensión de unos 1,075 contratos por parte de unas 21 empresas en esta región.
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