Asesinato de Galán es la asignatura pendiente de la justicia colombiana

El asesinato del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, cometido hace 25 años, es una asignatura pendiente de la justicia colombiana que, un cuarto de siglo después, empieza a desenredar la madeja de esta conspiración del narcotráfico y agentes del Estado.

Galán, que había denunciado la infiltración y creciente poder de esas mafias en la sociedad y la política, fue asesinado a tiros el 18 de agosto de 1989 en una tarima montada en la plaza pública de Soacha, municipio del área metropolitana de Bogotá.

Con un discurso contra el narcotráfico y la corrupción, el político liberal era por entonces el favorito para ganar las elecciones presidenciales de 1990, cuya campaña fue la más sangrienta que haya vivido el país.

Meses después fueron asesinados otros dos candidatos presidenciales: Bernardo Jaramillo Ossa, del partido de izquierdas Unión Patriótica, el 22 de marzo de 1990, y Carlos Pizarro León-Gómez, del desmovilizado grupo guerrillero M-19, el 26 de abril del mismo año.

El asesinato de Galán fue declarado crimen de lesa humanidad por la justicia colombiana hace cinco años, lo que impide que prescriba, y el año pasado la fiscalía encontró “25 puntos de conexión” entre ese magnicidio y los de Jaramillo y Pizarro.

“A los hombres los pueden asesinar, pero a las ideas no”, decía Galán, quien como senador había denunciado en el Congreso y en la plaza pública “el poder oscuro y criminal del narcotráfico”.

El asesinato del político liberal de 45 años fue atribuido a una oscura alianza del cartel de las drogas Medellín, dirigido por el capo Pablo Escobar, con algunos sectores políticos y agentes estatales contrarios a su cruzada por la ética en la política y en el servicio público.

Ahora, 25 años después del crimen, sus hijos, dos de ellos senadores, esperan que la justicia que no se hizo con los ejecutores del crimen, que fueron asesinados en los años siguientes, se haga con quienes planearon y ordenaron el magnicidio.

Por este asesinato fue condenado a 24 años de prisión el exsenador y exministro liberal Alberto Santofimio Botero, quien según las investigaciones sugirió a Escobar asesinar a Galán, y en los próximos meses irán a juicio el general retirado de la Policía Miguel Maza Márquez, en la época director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y otros exoficiales.

El senador Carlos Fernando Galán, del partido Cambio Radical, dijo que aunque se ha avanzado en la que respecta a la participación del cartel de Medellín en el crimen de su padre, “queda pendiente la responsabilidad del clan Ochoa”, aliado de Escobar, y también del cartel de Cali.

“Se ha avanzado parcialmente en el caso de políticos aliados de esos grupos ilegales y está pendiente la responsabilidad del Estado, de la Policía y el DAS. Esperamos que esas investigaciones avancen hacia la justicia”, agregó el senador.