Lo que no se olvida
- REDACCION
- - Publicado: 01/9/2002 - 11:00 pm
A los tres años del mandato de la presidenta Mireya Moscoso, diversos acontecimientos duramente criticados por algunos sectores, han sido noticia. Ofrecemos un resumen cronológico de estos hechos:
La presidenta Mireya Moscoso obsequió para la fiesta de Navidad relojes y carteras Cartier a los legisladores, en un acto catalogado como corrupción. Se dijo incluso que los relojes salieron de Zona Libre sin pagar el respectivo impuesto.
La presidenta Moscoso reconstruye en Punta Mala en Pedasí, provincia de Los Santos, una casa faro utilizada por la marina del Comando Sur de Estados Unidos hasta su reversión a Panamá, una mansión de descanso a un costo de 200 mil dólares. Este hecho causó polémicas de si se hacía con fondos del Estado o propios.
Mireya fue duramente criticada por Guillermo Endara con respecto a que no cumplió su promesa de eliminar la partida discrecional que maneja el Presidente, misma que asciende a unos 6 millones de dólares.
Renuncia el director de Aeronáutica Civil, Jaime Fábrega, quien denunció que en la institución "hay insubordinación" e incluso acusó a Jorge Rodríguez (piloto de la Presidenta) y a Abraham Bárcenas (ex candidato a legislador por el arnulfismo) de boicotear su gestión. La presidenta Mireya Moscoso aceptó su renuncia y de inmediato nombró en su reemplazo a Jorge Rodríguez.
Critican viaje de la Presidenta al Vaticano (10 al 14 de septiembre) en donde la acompañaron la primera dama, Ruby Moscoso de Young; la ministra de la Presidencia, Ivonne Young; el canciller, José Miguel Alemán, el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora; los asesores Mario Galindo y Carlos Rodríguez.; el embajador extraordinario y plenipotenciario en Grecia, Franklin Moscoso; el embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial, Augusto Arosemena; el sacerdote Ricardo Peralta; el director de la Policía Nacional, Carlos Barés; el director ejecutivo del Fondo de Inversión Social (FIS), Arnulfo Escalona Ríos y el contralor Alvin Weeden Gamboa.
Adversarios gubernamentales criticaron la práctica de nepotismo en el nombramiento de familiares consanguíneos en embajadas y otras altas funciones estatales. Más criticados durante el primer año del gobierno de Mireya Moscoso, se habla de unos 24 casos reportados y de clanes familiares encumbrados en el régimen.
El Estado compra 13 autos Cadillac modelo 6VR69 del año 2000, para transportar a los presidentes y jefes de Gobierno que asistieron a la X Cumbre Iberoamericana de mandatarios que se realizó en Panamá. Esto fue catalogado por muchos como un gasto excesivo e innecesario.
El helicóptero HP-1430 se convirtió en noticia luego que amerizara a 19 millas náuticas de Farallón, en las costas de Río Hato, proveniente de un vuelo desde la casa presidencial de Punta Mala en Pedasí, Los Santos. El helicóptero era de propiedad de Hanta Corporation, del colombiano Jorge Vásquez. Luego que el gobierno negara algún vínculo con la empresa, el director del Servicio Marítimo Nacional, José Isaza, aceptó que ordenó el hundimiento a tiros del helicóptero, por razones de seguridad y notificó esta acción a la empresa aseguradora y remitió un informe al entonces ministro de Gobierno, Winston Spadafora. La empresa aseguradora Internacional de Seguros (IS) decidió pagar la póliza a la empresa.
Estalla el escándalo de expedición fraudulenta de licencias panameñas para oficiales de marina mercante. Unos 22 funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) involucrados en estas irregularidades fueron enviados de vacaciones. Relacionado con este hecho, el embajador y cónsul de Panamá en Filipinas, Juan Carlos Escalona, fue señalado de girar órdenes en las que acreditaba selectivamente a tres clínicas para practicar exámenes a marinos y tripulantes de barcos de bandera panameña para que obtuvieran sus carnés de salud.
Se inicia una investigación en el Banco Hipotecario Nacional (BHN) luego de reiteradas denuncias en donde se acusaba a su gerente general, Waldo Arrocha, de suscribir un contrato por servicios profesionales con Nora Esther Arrocha de Lisak, quien además de ser su sobrina, residía en Suiza y no estuvo en Panamá para la firma del contrato. También se le acusó de la venta de terrenos de propiedad de BHN, beneficiando a ciudadanos asiáticos.
Renuncia el asesor presidencial Roberto Eisenmann porque según dijo, le deprimía que la presidenta Moscoso no había manejado con ``la seriedad debida graves asuntos denunciados´´. Señaló la existencia de un ``conocido grupito de maleantes disfrazados de empresarios´´, que estaban haciendo daño al gobierno.
Dos licitaciones realizadas por el Ministerio de Educación fueron motivo de controversias públicas. La primera fue la licitación de la Galleta Nutricional que fue anulada por esa entidad al haber denuncias de irregularidades por parte de otra empresa participante. Igualmente, el contrato para el servicio de seguridad del Ministerio de Educación y Canal 11 se le adjudicó a la firma Omega Security, entre cuyos dignatarios figuraba una sobrina de la titular de ese ramo. No obstante, se aclaró que todo se trataba de una disputa interna entre miembros del Partido MOLIRENA.
Mediante un Decreto Ejecutivo se rebaja la condena a David Alberto Viteri, condenado por narcotráfico. Posteriormente ese decreto es derogado.
Se investiga el cobro de cuotas políticas a funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a favor del partido Cambio Democrático (CD), aliado del gobierno.
Se crea la Comisión Presidencial Contra la Corrupción que elaboró un informe de 50 recomendaciones presentado un mes después al Ejecutivo. Las recomendaciones no se han materializado en medidas legales, pero la presidenta Moscoso indicó que las investigaciones corresponden al Ministerio Público.
La Presidenta sanciona la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 llamada Ley de Transparencia, que debe permitir una gestión pública sin ocultismos. Esta ley fue posteriormente reglamentada, quedando prácticamente sin efecto.
Se sanciona Ley del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS). El legislador perredista Carlos Afú denuncia sobornos a legisladores de la oposición para la aprobación del CEMIS. Por su lado, la legisladora Balbina Herrera afirmó la existencia de sobornos vinculados a la ratificación de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora. Las investigaciones sobre estos casos siguen estancadas en el Ministerio Público, aduciendo que la inmunidad parlamentaria no permite seguir con las pesquisas, a pesar que numerosos legisladores concurrieron voluntariamente al Ministerio Público.
Se inicia una serie de acusaciones entre la Policía Nacional de Nicaragua y la de Panamá, por un cargamento de fusiles AK 47 que supuestamente iban a ser comprados por la Policía Nacional y que aparecieron en manos de la guerrilla colombiana. Se afirmó que firmas de funcionarios panameños fueron falsificadas y los vendedores de armas aseveraron que la policía de Nicaragua estuvo a cargo de la transacción. La OEA investiga el caso.
El director del IDAAN sugirió que existen presiones para la adjudicación de los trabajos de modernización de la planta potabilizadora de Chilibre. Sus declaraciones fueron rebatidas por la presidenta Mireya Moscoso,
El Consejo de Gabinete aprobó la equiparación a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de la Hutchison de Hong Kong. La equiparación exonera a la empresa de pagarle al Estado 22.2 millones por año y es actualmente objeto de una demanda en la Corte Suprema de Justicia.
Ex miembros de la PTJ revelaron actos de corrupción, acoso sexual etc. dentro de la institución. Según miembros de este organismo, se pretendía tender una trampa al hijo del procurador José Antonio Sosa. Ahora la PTJ está siendo investigada por el procurador.
Se investiga un robo de más de B. 30 mil perpetrado en la casa de una secretaria de la administradora de la Presidencia, suma que escondía dentro de una nevera, según explicó, porque desconfía de los bancos. La funcionaria goza de vacaciones desde la semana pasada.
La presidenta Mireya Moscoso obsequió para la fiesta de Navidad relojes y carteras Cartier a los legisladores, en un acto catalogado como corrupción. Se dijo incluso que los relojes salieron de Zona Libre sin pagar el respectivo impuesto.
La presidenta Moscoso reconstruye en Punta Mala en Pedasí, provincia de Los Santos, una casa faro utilizada por la marina del Comando Sur de Estados Unidos hasta su reversión a Panamá, una mansión de descanso a un costo de 200 mil dólares. Este hecho causó polémicas de si se hacía con fondos del Estado o propios.
Mireya fue duramente criticada por Guillermo Endara con respecto a que no cumplió su promesa de eliminar la partida discrecional que maneja el Presidente, misma que asciende a unos 6 millones de dólares.
Renuncia el director de Aeronáutica Civil, Jaime Fábrega, quien denunció que en la institución "hay insubordinación" e incluso acusó a Jorge Rodríguez (piloto de la Presidenta) y a Abraham Bárcenas (ex candidato a legislador por el arnulfismo) de boicotear su gestión. La presidenta Mireya Moscoso aceptó su renuncia y de inmediato nombró en su reemplazo a Jorge Rodríguez.
Critican viaje de la Presidenta al Vaticano (10 al 14 de septiembre) en donde la acompañaron la primera dama, Ruby Moscoso de Young; la ministra de la Presidencia, Ivonne Young; el canciller, José Miguel Alemán, el ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora; los asesores Mario Galindo y Carlos Rodríguez.; el embajador extraordinario y plenipotenciario en Grecia, Franklin Moscoso; el embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial, Augusto Arosemena; el sacerdote Ricardo Peralta; el director de la Policía Nacional, Carlos Barés; el director ejecutivo del Fondo de Inversión Social (FIS), Arnulfo Escalona Ríos y el contralor Alvin Weeden Gamboa.
Adversarios gubernamentales criticaron la práctica de nepotismo en el nombramiento de familiares consanguíneos en embajadas y otras altas funciones estatales. Más criticados durante el primer año del gobierno de Mireya Moscoso, se habla de unos 24 casos reportados y de clanes familiares encumbrados en el régimen.
El Estado compra 13 autos Cadillac modelo 6VR69 del año 2000, para transportar a los presidentes y jefes de Gobierno que asistieron a la X Cumbre Iberoamericana de mandatarios que se realizó en Panamá. Esto fue catalogado por muchos como un gasto excesivo e innecesario.
El helicóptero HP-1430 se convirtió en noticia luego que amerizara a 19 millas náuticas de Farallón, en las costas de Río Hato, proveniente de un vuelo desde la casa presidencial de Punta Mala en Pedasí, Los Santos. El helicóptero era de propiedad de Hanta Corporation, del colombiano Jorge Vásquez. Luego que el gobierno negara algún vínculo con la empresa, el director del Servicio Marítimo Nacional, José Isaza, aceptó que ordenó el hundimiento a tiros del helicóptero, por razones de seguridad y notificó esta acción a la empresa aseguradora y remitió un informe al entonces ministro de Gobierno, Winston Spadafora. La empresa aseguradora Internacional de Seguros (IS) decidió pagar la póliza a la empresa.
Estalla el escándalo de expedición fraudulenta de licencias panameñas para oficiales de marina mercante. Unos 22 funcionarios de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) involucrados en estas irregularidades fueron enviados de vacaciones. Relacionado con este hecho, el embajador y cónsul de Panamá en Filipinas, Juan Carlos Escalona, fue señalado de girar órdenes en las que acreditaba selectivamente a tres clínicas para practicar exámenes a marinos y tripulantes de barcos de bandera panameña para que obtuvieran sus carnés de salud.
Se inicia una investigación en el Banco Hipotecario Nacional (BHN) luego de reiteradas denuncias en donde se acusaba a su gerente general, Waldo Arrocha, de suscribir un contrato por servicios profesionales con Nora Esther Arrocha de Lisak, quien además de ser su sobrina, residía en Suiza y no estuvo en Panamá para la firma del contrato. También se le acusó de la venta de terrenos de propiedad de BHN, beneficiando a ciudadanos asiáticos.
Renuncia el asesor presidencial Roberto Eisenmann porque según dijo, le deprimía que la presidenta Moscoso no había manejado con ``la seriedad debida graves asuntos denunciados´´. Señaló la existencia de un ``conocido grupito de maleantes disfrazados de empresarios´´, que estaban haciendo daño al gobierno.
Dos licitaciones realizadas por el Ministerio de Educación fueron motivo de controversias públicas. La primera fue la licitación de la Galleta Nutricional que fue anulada por esa entidad al haber denuncias de irregularidades por parte de otra empresa participante. Igualmente, el contrato para el servicio de seguridad del Ministerio de Educación y Canal 11 se le adjudicó a la firma Omega Security, entre cuyos dignatarios figuraba una sobrina de la titular de ese ramo. No obstante, se aclaró que todo se trataba de una disputa interna entre miembros del Partido MOLIRENA.
Mediante un Decreto Ejecutivo se rebaja la condena a David Alberto Viteri, condenado por narcotráfico. Posteriormente ese decreto es derogado.
Se investiga el cobro de cuotas políticas a funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), a favor del partido Cambio Democrático (CD), aliado del gobierno.
Se crea la Comisión Presidencial Contra la Corrupción que elaboró un informe de 50 recomendaciones presentado un mes después al Ejecutivo. Las recomendaciones no se han materializado en medidas legales, pero la presidenta Moscoso indicó que las investigaciones corresponden al Ministerio Público.
La Presidenta sanciona la Ley N° 6 de 22 de enero de 2002 llamada Ley de Transparencia, que debe permitir una gestión pública sin ocultismos. Esta ley fue posteriormente reglamentada, quedando prácticamente sin efecto.
Se sanciona Ley del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS). El legislador perredista Carlos Afú denuncia sobornos a legisladores de la oposición para la aprobación del CEMIS. Por su lado, la legisladora Balbina Herrera afirmó la existencia de sobornos vinculados a la ratificación de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora. Las investigaciones sobre estos casos siguen estancadas en el Ministerio Público, aduciendo que la inmunidad parlamentaria no permite seguir con las pesquisas, a pesar que numerosos legisladores concurrieron voluntariamente al Ministerio Público.
Se inicia una serie de acusaciones entre la Policía Nacional de Nicaragua y la de Panamá, por un cargamento de fusiles AK 47 que supuestamente iban a ser comprados por la Policía Nacional y que aparecieron en manos de la guerrilla colombiana. Se afirmó que firmas de funcionarios panameños fueron falsificadas y los vendedores de armas aseveraron que la policía de Nicaragua estuvo a cargo de la transacción. La OEA investiga el caso.
El director del IDAAN sugirió que existen presiones para la adjudicación de los trabajos de modernización de la planta potabilizadora de Chilibre. Sus declaraciones fueron rebatidas por la presidenta Mireya Moscoso,
El Consejo de Gabinete aprobó la equiparación a Panama Ports Company (PPC), subsidiaria de la Hutchison de Hong Kong. La equiparación exonera a la empresa de pagarle al Estado 22.2 millones por año y es actualmente objeto de una demanda en la Corte Suprema de Justicia.
Ex miembros de la PTJ revelaron actos de corrupción, acoso sexual etc. dentro de la institución. Según miembros de este organismo, se pretendía tender una trampa al hijo del procurador José Antonio Sosa. Ahora la PTJ está siendo investigada por el procurador.
Se investiga un robo de más de B. 30 mil perpetrado en la casa de una secretaria de la administradora de la Presidencia, suma que escondía dentro de una nevera, según explicó, porque desconfía de los bancos. La funcionaria goza de vacaciones desde la semana pasada.
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