Crece rechazo a demanda que busca inhabilitar a José Raúl Mulino

Cada día son más voces las que se unen en contra de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la resolución del Tribunal Electoral (TE), que aprobó la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza.

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Hasta la fecha, al menos siete oposiciones a la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra de la candidatura de Mulino, se han presentado hasta el momento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Abogados reconocidos como José María Castillo, Silvio Guerra, Sidney Sittón, María Fábrega, Alexis Ríos, así como la diputada Mayín Correa y otros, son algunos de los que han presentado su oposición a esta demanda de inconstitucionalidad ante la CSJ.

En el caso del abogado José María castillo, dentro de su oposición indica que la demandante habla de una supuesta violación al artículo 19 de la Constitución Política, ya que según ella esta le da una serie de privilegios a Mulino como candidato, el mismo señala que lo primero que se debe establecer es que este en un principio no era el candidato por RM y Alianza.

Añade que en razón de esto, mal puede enfocarse el tema desde una óptica jurídica cerrada del precepto legal contenidos en las primeras líneas del artículo 352 del Código Electoral.

Expresó el letrado que analizar la candidatura de Mulino bajo este enfoque cerrado de esta norma, es un error jurídico.

En cuanto a una supuesta violación al artículo 177 de la Constitución al permitir la candidatura de Mulino a la presidencia, sin contar con un vicepresidente, Castillo expresó que esa afirmación carece de sustento legal, ya que el Código Electoral, en su artículo 362 establece que la perdida del carácter de postulado de un candidato a cualquier puesto de elección popular, será suplida por su suplente.

Comentó que el intento de desaparecer la candidatura de Mulino, que representa a un amplio sector de la población, se asemeja a las tretas judiciales de regímenes totalitarios, en donde las elecciones se ganan a través de decisiones de los tribunales de justicia, algo que se ha criticado.

Por su parte, la abogada María Fábrega, en su escrito de oposición señala que la demanda presentada contra la candidatura de Mulino, carece de cuestiones previas de forma y que se omitió transcribir de forma literal la disposición, norma o acto acusado de inconstitucional tal y como lo dispone el artículo 2560 del Código Judicial.

Destaca, que la demandante pretende desconocer la facultad privativa del Tribunal Electoral de reglamentar, aplicar e interpretar la ley electoral.

Mientras que el abogado Sidney Sittón, sustenta en su oposición que la competencia de los magistrados del Tribunal Electoral, contrario a lo señalado por el demandante, no sobrepasó las atribuciones constituidas en los artículos 142 y 143 de la Constitución, al momento de dirimir una controversia, recurso y acciones.

En su alegato, Sittón también advierte que la demandante Karisma Karamañites realiza citas de tratadistas y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), pero omite deliberadamente la parte sustancial.

Explicó que pedirle a los magistrados electorales -como pretende Karisma Karamañites- que hagan caso omiso de la Convención Americana, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cualquier Tratado que consigne así sea un derecho humano, es retroceder a las puertas de los Estados genocidas y al autoritarismo judicial.

En tanto, la diputada Mayín Correa, expresó que Karamañites planteó toda su demanda sobre la base que José Raúl Mulino será proclamado presidente de Panamá, el próximo 5 de mayo.

Agrega que la demandante indica que Mulino no podría tomar posesión del cargo sin contar con un vicepresidente, lo que da muestra de que la demandante adivino el futuro.

Correa argumenta que impedir a los integrantes de un colectivo, proponer libremente a un candidato de su preferencia, golpea la voluntad de los mismos.

Por su parte, los abogados Alexis Ríos, Eric Ciel, Aldo Sáenz y Luis McDonald's cuestionan la celeridad que se le ha dado a esta demanda, cuando en otros casos se demoran hasta años para siquiera admitirlas.

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