Proyecto de extinción de dominio debe ser retirado de la Asamblea

A pesar de que el proyecto de extinción de dominio no cuenta con el aval de los diputados de la propia bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), ni de los diversos gremios de abogados y de la sociedad del país, el Gobierno insiste con el mismo.

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Ayer, el secretario general del Ministerio de Seguridad Pública, Jonathan Riggs, volvió a realizar señalamientos a favor de este proyecto, el cual, a juicio de muchos juristas, viola las garantías fundamentales y el derecho a la propiedad de las personas.

Riggs indicó que este proyecto fue modificado en dos foros que se realizaron en el país, sin embargo, obvio señalar que en dichos eventos no hubo una sola asociación que se manifestara a favor del mismo.

De forma contundente, el pasado 2 de enero, Crispiano Adames, presidente de la Asamblea, cuestionó este proyecto promovido por el ministro Juan Manuel Pino y señaló que el mismo no se ha discutido porque se le tema a la extinción de dominio, sino porque a su juicio el mismo debe ir con el debido consenso de la población.

Dijo que en algunos países donde existe la extinción de dominio, hay tutela de los derechos y las garantías fundamentales y existen tribunales constitucionales que van en defensa de las personas cuando se les ignora el debido proceso y "aquí no hay eso".

Luego de las declaraciones del presidente de la Asamblea, quien reaccionó fue Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP), quién comentó que la ley de extinción de dominio es un proyecto que es una "perdida total", algo similar a un auto cuando tiene un accidente grave.

"Este proyecto para que sirviera había que cambiarle casi todos y cada uno de los artículos que tiene, por lo que no hace sentido ponerte a modificar un proyecto que absolutamente todo raya o en la inconstitucionalidad o en temas que van contra los principios económicos de Panamá", afirmo.

Vallarino explicó que se trata de un proyecto que está montado internacionalmente y que claramente se ven las presiones de afuera y "el servilismo de algunos panameños".

A su juicio, el ministro Pino lo que debe hacer es retirar un proyecto que es una "perdida total" y presentar uno nuevo.

"Repito no es un proyecto que Panamá necesita, pero si quiere presentar algo sensato, no es que no estamos dispuestos a discutirlo, incluso él en un momento dijo que vamos a debatirlo, vamos a consultarlo, yo lo digo a él que lo debata el mismo y si se atreve a ir a un espacio público con cualquier abogado que lo haga para ver si va a poder sostener ese proyecto, algo que claramente no lo va a poder hacer", dijo.

Quien también manifestó que el ministro Pino debe retirar este proyecto, fue Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), quién explicó que ha sido más que claro el mensaje de la Asamblea de que esa ley no se va a discutir.

"Aquellas personas que veían que Panamá hiciera el mandado para aprobación de esa ley, tendrán que estar claro que la misma no va a prosperar y no será ley de la República, por lo menos no, tomando en cuenta los parámetros en que fue presentada", aseveró.

Fraguela reiteró que esa ley, de ser aprobada tal como está, decapita la presunción de inocencia y las garantías fundamentales de los individuos, lo cual representaría un retroceso para el país.

"Esa ley es la antesala de una persecución política que sufrirían los ciudadanos en este país o aquellas personas que en un momento dado no comulguen con las autoridades que regenten la cosa pública de turno", puntualizó.

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