Denuncian ilegalidad y prejuicios de funcionario judicial en fijación de juicio a Ricardo Martinelli

Una denuncia formal en contra de Willie Brown, exencargado de la Segunda Oficina Judicial, para que se investiguen los actos que cometió en abierta violación de sus deberes y por atribuirse facultades de jueces y tribunales colegiados, fue presentada ayer por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

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La abogada Alma Cortés, en representación de Martinelli, presentó la denuncia ante la directora de la Segunda Oficina Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

A Willie Brown se le acusa, además, de omitirle al Tribunal de Amparo la información de que no se estaba ejecutando la orden de hacer amparada o el acto de audiencia amparado.

Advierte Cortés, en su denuncia, que ante esta situación la Oficina Judicial debió abstenerse de realizar ninguna gestión relacionada que dé origen a la realización de la audiencia de juicio fijada por Brown hasta que se resuelva el Amparo de Garantías Constitucionales presentado por la defensa de Martinelli.

El funcionario judicial es señalado de usurpar las funciones de jueces o tribunales colegiados, que son los únicos autorizados por ley para fijar u ordenar fechas de audiencias.

Los abogados del expresidente Martinelli acusan a Brown, quien reemplazó en sus vacaciones a la titular de la Oficina Judicial Segunda, Irene Pinilla, de atribuirse "ilegalmente" la función de agendar "apresuradamente" la fecha de audiencia del caso de Ricardo Martinelli.

Considera "más grave aún, que en abierta violación de las garantías constitucionales del amparista" no se le haya designado un Tribunal de Juicio o jueces naturales que asuman la conducción y dirección del proceso que se le sigue y que sería la autoridad competente para juzgarlo.

Agrega que sería esta autoridad, y no un funcionario administrativo, la que dispondría la fecha de realización del juicio oral y ordenaría que se realicen las citaciones y notificaciones a las partes, testigos y peritos, para luego solicitarle la sala de audiencia a la Oficina Judicial.

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Cortés cuestionó que Willie Brown trate de justificar su conducta en el espíritu del Modelo de Gestión del SPA, el cual no le brinda autonomía jurisdiccional, la cual es privativa de los juzgadores, no de los funcionarios administrativos.

"Es inadmisible, so pretexto de justificar un evidente abuso de autoridad, que para los efectos del amparo interpuesto contra la Oficina Segunda Judicial constituye la violación al debido proceso de mi representado, al asumir funciones de autoridad jurisdiccional, siendo un funcionario meramente administrativo", enfatiza.

Destaca, entonces, que queda claro que ningún manual administrativo está por encima del Código Procesal Penal, enmarcado en una Ley de la República.

Advierte Alma Cortés que queda acreditada la "prejuiciosa discrecionalidad" de Brown, lo que viola los principios del debido proceso basado en que a todas la personas se le debe garantizar el acceso a la justicia en iguales condiciones.

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Añade que es "inaceptable" que este funcionario se atribuya las facultades de reservar espacios para agendar audiencias, cuando existe una alta mora judicial, personas privadas de su libertad y otras medidas cautelares esperando se les fije fecha de audiencia, y no reciben respuestas.

La defensa de Ricardo Martinelli sostiene que no se puede aceptar, bajo "ninguna corcunstancia", la conducta "infundada y arbitraria" de un funcionario que fijó una audiencia a su "antojo" y con ello afecta la transparencia y podría generar "actos ilícitos" en perjucio de una de las partes.