Extensión de suspensión de contratos se podría aplicar en algunos sectores

A pocas semanas para que termine la suspensión de contratos laborales, el Gobierno, los empresarios y los trabajadores no se han podido poner de acuerdo en una posible extensión o no de la ley que se aprobó durante la pandemia de la COVID-19 y que además incluía la reducción de jornada laboral.

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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata dijo que se evalúa extender la medida para algunas actividades como turismo, restaurante, bares y discotecas, los dos últimos sectores que aún se mantienen cerrados al público.

"En estas actividades hay más de 20 mil contratos laborales suspendidos, por eso es que se tiene que tomar medidas de prórroga para estas empresa, además, hay trabajadores que continúan suspendidos pese a que su actividad ya fue reiniciada", expresó recientemente Zapata.

Considera que la suspensión de los contratos laborales ha contribuido a mantener las empresas activas y que se logre un proceso gradual de trabajadores, pero este proceso no ha sido el esperado.

"Somos conscientes de que hay empresas que han tenido dificultades para abrir en un 100%, por lo que entendemos que debemos tomar medidas de carácter fiscal, de promoción de la inversión extranjera, de un manejo eficiente de administración públicas y medidas de carácter laboral que tienen que ser flexibles con la realidad que tenemos", manifestó.

A la fecha más de 96 mil contratos laborales han sido reactivados, de acuerdo a cifras del Mitradel.

Por semana se están reactivando 5 mil contratos, sin embargo hay provincias en las que se está realizando de manera muy pausada.

A los empresarios y los trabajadores les preocupa enormemente el tema a escaso un mes para que venza el plazo de los contratos suspendidos ya que no se tiene una definición clara de la ruta a seguir.

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Julio de la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), dijo que este es un tema que mantiene en gran sozobra tanto a los empleadores como a los colaboradores.

"Este es un tema que requiere diálogo y coordinación entre empresa privada, gobierno y colaboradores. El Presidente ha reiterado su interés de trabajar en equipo con la empresa privada, razón por la cual el Conep no está indiferente al tema y esto de los contratos suspendidos es un tema prioritario en la agenda con el gobierno. El Conep no quiere que se pierdan los puestos de trabajo y para esto se requiere la cooperación del gobierno", señaló.

A juicio del presidente de Conep, la solución a todo el gran problema se basa en la "comunicación", por lo que se requiere escuchar a las partes para poder solucionar esta situación lo antes posible.

Agregó que "luego de solucionado el tema de los contratos suspendidos que exceden los 200 mil, se debe inyectar circulante en la calle, y pagar todas las deudas a proveedores con saldos vencidos e iniciar la construcción de obras de infraestructura. Paralelamente poner a la disposición de los empresarios préstamos con intereses blandos para que puedan aplicar e iniciar sus negocios nuevamente".

Hay que dejar claro que esta es una crisis compleja y no hay una solución única. Hay que tomar acciones simultáneas que dinamicen la actividad económica y comercial. Así se reactivará más rápido los negocios y se salvaran más puestos de trabajo, afirmó el empresario.

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Por su parte, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, señaló hay que evaluar los resultados de esas medidas ya que a su criterio ya no tienen ninguna efectividad y no responden a los objetivos inicialmente propuestos.

Armando Rodríguez, presidente de la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), avaló una posible extensión de suspensión de contratos, por lo que le piden al Gobierno que tome en cuenta al sector para poder de preservar la mayor cantidad de empleos.

A la fecha unos 37 mil contratos suspendidos aún están suspendidos en este sector que durante el tiempo que estuvo cerrado perdía 11 millones de dólares diarios.

El pasado mes de julio la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley No.354, que permitió seguir haciendo uso de la figura de la suspensión de los acuerdos laborales hasta el 31 de diciembre de este año.

Los contratos han sido suspendidos a raíz de que el Gobierno decretó, desde el mes de marzo, el cierre de varas actividades económicas y confinó a los habitantes del país a medidas de aislamiento, en un intento por controlar la propagación de la COVID-19.