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Juan Carlos Varela, sin interés en agilizar designaciones en la Corte

Organizaciones de la sociedad civil y grupos de derecho reclaman al presidente los nombramientos de dos magistrados de la Corte Suprema.

José Chacón - Actualizado:

Designaciones pendiente en la Corte

Tras siete meses de haber terminado el periodo de Jerónimo Mejía y Oydén Ortega como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ejecutivo no muestra interés por designar a sus reemplazos.

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Desde enero de este año, la sociedad civil, los sectores políticos y gremios de derecho están exigiendo celeridad e imparcialidad en aquellos nombramientos.

Luego de que la Asamblea Nacional decidiera rechazar las propuestas de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, en enero pasado, el Ejecutivo literalmente se durmió en los laureles.

Después de ese revés político, el Ejecutivo entregó una lista de 20 abogados que aspiran a ambas vacantes al Pacto de Estado por la Justicia.

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Tras la respectiva revisión, esa comisión entregó sus recomendaciones al mandatario. Eso fue el 9 de junio y desde entonces nada se ha hecho ni dicho.

Lo único que declaró Varela es que esa elección se realizaría durante los Consejos de Gabinete y que escogerían dos nombres de la lista de 20 y no basados en las recomendaciones directas que hizo el Pacto de Estado por la Justicia.

No obstante, el tiempo se escurre y no se conoce quién sucederá tanto a Jerónimo Mejía como a Oydeen Ortega.

Ese retraso ha generado preocupación entre los sectores civiles, que meten presión al Ejecutivo para que designe a dos personas alejadas de los intereses políticos.

En este sentido, Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), señaló que Varela debe hacer cumplir la Constitución y que esa decisión no debe estar sujeta a procesos de alto perfil que se realicen en la Corte.

"El presidente ya debe haber cumplido con ese deber constitucional. No importan los casos que estén en desarrollo, la Constitución es para respetarla", dijo Rodríguez.

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Por su parte, la Alianza Ciudadana Pro Justicia manifestó en un comunicado que "el país no puede continuar con estos niveles de irrespeto a la Constitución, que establece claramente el periodo de un magistrado de la Corte Suprema Justicia".

Para esta organización civil, la justicia local experimenta una situación sin precedentes y las vacantes existentes "siguen siendo ocupadas por magistrados cuyo periodo ya venció".

Contrario a las opiniones anteriores, el constitucionalista Ernesto Cedeño declaró que la mora se dilatará ahora que está en desarrollo el juicio del expresidente Ricardo Martinelli, pues hay que recordar que el magistrado Jerónimo Mejía es el juez de garantías en ese proceso.

"Las designaciones deben darse después de la etapa intermedia; a lo mejor así lo está determinando el Ejecutivo... el Código Judicial señala que el nuevo magistrado deberá tomar los casos del anterior y eso podría traumatizar o atrasar el proceso", declaró esta fuente.

Otra de las moras en el Supremo es el nombramiento del sucesor de Alejandro Moncada Luna, separado del cargo en octubre de 2014 y condenado en marzo de 2015, tras ser enjuiciado por varios cargos, entre ellos, por el delito de enriquecimiento ilícito.

Abel Zamorano ocupa actualmente ese puesto de forma interina, pero no ha sido ratificado por los parlamentarios, ya que el Ejecutivo no lo ha propuesto como cambio por Moncada.

Por último, Hernán De León es el presidente encargado de la Corte, ya que José Ayú Prado renunció al puesto a finales de enero.

De León está en esa situación porque las elecciones del Pleno no pudieron realizarse precisamente debido a que aún no se nombra a los relevos de Mejía y Ortega.

 

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