Dietilenglicol, el veneno que les arrebata la vida

A pesar de que solo tiene 42 años, la frente y costados de su cabeza lucen sin cabello. Cualquiera que no conoce a Helmer Caballero asumiría que es un hombre de la tercera edad.

Se sienta sobre una silla azul y mira fijamente una puerta del mismo color que está en frente suyo donde cuelga un letrero que dice: "Consultorio 5".

Su aspecto físico ha ido cambiando repentinamente y, según él, tiene afectaciones y dolencias de una persona mayor de 60. Pero tal como él relata, "acabo de llegar al cuarto piso".

Durante tres años consumió uno de los cuatro medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS) que resultaron envenenados con glicerina, químico para uso industrial que fue adquirido por la CSS en 2002.

Entre 2004 y 2006 esa institución distribuyó a nivel nacional 220 mil envases de expectorante de azúcar, calamina en loción, difenhidramina en jarabe y otros medicamentos a los que se le vertió por error la glicerina que llegó desde China.

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Helmer Caballero tomó el expectorante de azúcar en el mismo periodo de tiempo que la CSS repartió esas medicinas entre sus usuarios. Se lo recetaron en la policlínica Manuel María Valdés de San Miguelito para combatir la gripe.

El efecto fue inmediato. "Perdía el equilibrio, la visión se me hacía borrosa, se me empezó a caer el cabello, hasta se me astillaban los dientes con solo morder tortillas y solo tenía 29 años", declaró Helmer Caballero.

En sus manos lleva con celo tres carpetas bien alimentadas con papeles, son innumerables exámenes, recetas médicas y citas. Lleva cinco años atendiéndose en el Centro Especial de Toxicología de la Caja de Seguro Social (CET).

Este hombre forma parte de los más de 2,000 pacientes que fueron afectados por el tóxico y es uno de los 1,069 que en la actualidad reciben el subsidio estatal.

Porta un carné de color amarillo que lo acredita como beneficiario directo de la pensión vitalicia de 600 dólares que fue aprobada a través de la Ley 20 de 26 de marzo de 2013 para las personas que sufren secuelas por el envenenamiento masivo con dietilenglicol. En febrero de 2019 empezó a regir un nuevo monto; ahora reciben 800 dólares, gracias a la modificación del artículo 6 de la misma norma.

Contraria a la situación de Helmer Caballero, existe un grupo de 322 pacientes que portan un carné rojo como el que muestra Vilda Emelina Salas, de 83 años de edad.

Vilda Salas tomó el jarabe en 2006 para contrarrestar un resfriado. Luego de beberlo comenzó a sufrir náuseas, migrañas, además de sufrir calambres en las extremidades y desmayos constantes. La mayor parte de su vida laboró en diversas casas de familia; es decir, que no recibe una jubilación o pensión del seguro y sobrevive de lo que le proporcionan sus hijos.

"Es difícil porque a mi edad no puedo trabajar, nunca fui asegurada, pero resulté envenenada con el jarabe. Me atiendo, pero eso no me basta, la salud no tiene precio", contó la anciana que mantiene cataratas en toda la vista y que se vale de un bastón para movilizarse desde Veranillo, en San Miguelito, hasta calle 17 Santa Ana donde se ubica aquel centro médico.

Ella forma parte de aquellas personas que fueron admitidas en los últimos años como afectadas; recibe atención médica, pero no el subsidio. "Esos casos están en evaluación porque, a pesar de que hay constancia oficial que ingirieron el veneno, los exámenes han dado negativo, esos procesos están en apelación y van a ser revisados", contó la doctora Fulvia Guerra de Lasso, directora médica del centro.

Pero también existe una comunidad de 700 personas que porta un carné verde. Ellos interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, pero están en revaluación porque dieron negativo, ya que al parecer no tienen afectación a pesar de que ingirieron alguna medicina tóxica. Esos casos también están en estudio.

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Por último, encontramos a varios pacientes que cobran el subsidio y que también reciben una jubilación de la CSS por ser asegurados. Pero el dinero no resarce sus dolencias y su deterioro de salud es notable; son doblemente sobrevivientes porque consumieron el jarabe y tienen achaques por la edad, como Vladimir Vega, de 69 años.

"Llevo 10 años en este calvario. Tuve pérdida temporal de la memoria, quedé con un dolor en la pierna derecha que no se me quita con nada, se me duerme la espalda, de noche me da migraña", relata el hombre al que le tiemblan las manos y los labios cuando habla.

Precisamente ambas manos, su cuello y gran parte de sus antebrazos sorprenden, padece de una afectación en la piel que la hace ver como escamas, se rasca desesperadamente, alega que su visión es borrosa y añade que es hipertenso. Pero acude cada mes al Centro Especial de Toxicología (CET) para atenderse, vive cerca de esas instalaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son más de 800 fallecidos y 10,000 afectados, según organismos privados

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde que se desató el escándalo por el envenenamiento masivo en 2006 han fallecido 200 pacientes, según las estadísticas de la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud.

Empero para Gabriel Pascual, del Comité de Víctimas del Envenenamiento Masivo, son más los panameños que murieron; alrededor de 800 y son más de 10,000 afectados. Basa sus números por denuncias que llegaron hasta la Fiscalía Especial del Ministerio Público y luego a la dependencia de Derechos Humanos de esa misma entidad estatal.

"No puede haber discriminación, debe existir un solo carné porque al final todos fueron afectados, muchos han perdido sus trabajos y no son beneficiados con la indemnización", expresó Gabriel Pascual.

Añadió que ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se han interpuesto 782 demandas; 417 reposan en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y 365 están en trámite. La mayoría son demandas de sobrevivientes y familiares de víctimas que exigen resarcimiento económico de 2,525 millones de dólares al Estado.

Hay que anotar que las denuncias fueron presentadas individualmente por cada uno de los afectados con la medicina. Y cada una de las demandas presentadas en la Corte por los afectados con el jarabe ronda los $6 millones.

La lucha del comité no cesa. Por ello realizarán una concentración el próximo martes 13 de agosto en las inmediaciones de la Presidencia de la República para presentar una serie de peticiones al presidente Laurentino Cortizo y tratar de que se establezca una mesa de diálogo con las autoridades.

Centro Especial de Toxicología

Recientemente reabrió sus puertas el Centro Especial de Toxicología en calle 17, Santa Ana, luego de permanecer cerrado desde octubre de 2018 por una limpieza del sistema de aire acondicionado.

La doctora Fulvia Guerra de Lasso es la directora. Cuenta que desde 2010 hasta hoy la atención siempre ha sido integral y que incluso los afectados se atienden por otras anomalías de salud que no tienen nada que ver con secuelas del dietilenglicol, sino con la edad de los pacientes, la mayoría personas de la tercera edad.

Como los pacientes llegan de todo el país, informó que a finales de este mes se habilitarán cinco unidades de enlace ubicadas en policlínicas de la Caja de Seguro Social de las cabeceras de las provincias de Coclé, Colón, Los Santos, Herrera y Veraguas "para irle brindando atención de una forma más prioritaria".

Los 2,000 afectados o sobrevivientes también tienen la prioridad en caso de que sufran alguna otra deficiencia; en el Centro Especial de Toxicología hay personal médico para psiquiatría, oftalmología, medicina interna y otras que están a disposición de los envenenados.

Efectos del veneno en el cuerpo

El primer síntoma de la ingesta de dietilenglicol es similar a la sensación causada por el consumo de alcohol. Dentro de unas pocas horas, se hacen aparentes más efectos tóxicos. Los síntomas pueden incluir náuseas, vómitos, convulsiones, estupor (disminución del nivel de alerta) o incluso coma.

No obstante, cada cuerpo reacciona y tiene efectos distintos; además se puede agravar la salud si la persona expuesta al veneno padece de otra enfermedad.

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