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Rogelio Saltarín reconoce vínculo con el presidente Juan Carlos Varela

El aspirante a Magistrado de la Corte tuvo un contrato con el Ministerio de la Presidencia para recopilar pruebas de posibles delitos contra la pasada administración.

José Chacón - Actualizado:
Sltarín fuel el último de 20 candidatos a magistrado del supremo panameño. / Foto: Víctor Arosemena.

Sltarín fuel el último de 20 candidatos a magistrado del supremo panameño. / Foto: Víctor Arosemena.

  El abogado y aspirante a Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rogelio Saltarín reconoció que él tiene vúnculos con el actual presidente Juan Carlos Varela. Saltarín, el último de los 20 candidatos entrevistados por la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, dijo que él fue contratado por la Presidencia de la República para revisar los casos de corrupción del gobierno pasado.  De hecho, en la Contraloría General de la República existe registro de un contrato con Saltarín, Arias y Asociados, un bufete del que este abogado es fundador. Dicho contrato por 256 mil 800 dólares contempló la asesoría al Ministerio de la Presidencia y otras instituciones de Estado, que tenía como fin, la captación de información relacionada a posibles casos de corrupción, extraoficialmente de la pasada administración. No obstante, Saltarín negó que tenga lasos con el Ejecutivo y afirmó que aquel contrato abarcó el periodo entre el 2 de enero al 31 de diciembre de 2016. Luego de su entrevista, señaló que ese tipo de relación con el Ejecutivo no es impedimento para que sea consierado por el presidente Varela y posteriormente por los diputados de la Asamblea Nacional. "La gente tiene su manera de pensar... la vinculación que realmente existe con el presidente de la República es profesional, no nos une ninguna otra relación. No creo que eso sea un obstáculo para aspirar a magistrado", dijo Saltarín a los medios. La designación de dos togados del supremo panameño se mantiene en suspenso tras el rechazo de Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, abogadas elegidas por el Ejecutivo para dichos cargos que no fueron arpobadas por la mayoría parlamentaria.  
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