La transparencia panameña

La corrupción panameña está ganando la guerra en nuestra sociedad, y lamentablemente regula el mercado a nivel estatal y privado. En el ámbito de la vida pública del país, estamos arropados por el discurso de la recuperación postpandemia, donde los asesores gubernamentales han causado daños a las instituciones que fueron diseñadas para garantizar la transparencia y combatir la corrupción. Increíble que el proyecto de ley 1031, para derogar la Ley de Transparencia fuera promovido por la ANTAI.

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Panamá ocupa el puesto 108 de 180 países en el Índice de Percepción de Corrupción ( IPC ) del 2023, publicado por la organización Transparencia Internacional, donde experimentamos una disminución de 36/100 en el 2022 a 35/100 en el 2023, donde 0 representa la opacidad máxima y 100 la máxima transparencia. Hoy sabemos que la viejas práctica que extendieron el fenómeno de la corrupción en Panamá siguen vigentes: la designación discrecional de los cargos públicos a los miembros del partido y familiares de diputados pese a la ley de la carrera administrativa en curso desde 1994, el uso discrecional y opaco de ahorros presupuestarios, la adjudicación de licitaciones hospitalarias y de insumos médicos quirúrgicos con pliegos hechos a la medida; la opacidad de una parte sustantiva de la información pública y la burocratización, la oscuridad y demora en los procesos de sanción a las conductas tipificadas como faltas y delitos de corrupción.

La corrupción no sólo sigue vigente en el Istmo, sino que los medios jurídicos y administrativos diseñados como contrapesos para combatirlas fueron despreciados y bloqueados para que concluyamos que el gobierno no quiso evitar la captura del Estado ni cancelar los abusos cometidos por los servidores públicos para hacerse de dinero o poder, sino que, por el contrario, al debilitar sus propias capacidades para prevenir, disuadir y castigar esas conductas, contribuyó a acrecentarlas. No solo se ha mantenido el virus de la corrupción, sino que han tirado las vacunas.

El origen de la corrupción está en la captura de las instituciones del Estado para utilizarlas con propósitos excluyentes y para incrementar el poder de la "aristocracia política criolla" sobre los honestos panameños. Al igual que los auxilios económicos del IFARHU, ese fenómeno connota la apropiación abusiva de decisiones y procesos administrativos, deliberadamente desviados de los fines para los que fueron creados.

Vivimos en la era de la desconfianza y ello ha dado lugar a una exigencia social de contar con mecanismos ciudadanos de control y vigilancia que sirvan para poner a prueba la reputación del poder, que es esa "institución invisible" que contribuye a estructurar la confianza de las autoridades, pero en Panamá, los gobernantes han desafiado claramente a su pueblo con la cantidad de escándalos mediáticos de corrupción en los últimos años. El desafío hacia el pueblo es tan grande que podríamos hacer un premio nacional a corrupto ejemplar del mes, por la falta de castigos ejemplares y donde el más talentoso, ingenioso y cínico aspire a candidato presidencial.

Si bien erradicar la impunidad es una condición fundamental para prevenir y disuadir los actos de corrupción - en tanto que la ausencia de castigos incrementa la probabilidad de burlar la ley-, en nuestra República ni se castiga ejemplarmente a los "peces gordos del partido", ni se cambian las condiciones administrativas y políticas que dieron lugar a esos abusos, dando la posibilidad de que se sigan reproduciendo.

La procrastinación ha lastimado el sistema de sanciones anticorrupción que, hasta hoy, no ha conseguido establecer un seguimiento eficaz de las denuncias desde que se presentan hasta que se resuelven. La procrastinación no es una falta, es un aplazamiento que persigue el incumplimiento de la ley.

El daño ya fue hecho, por lo que nos urge reforzar los procesos de transparencia, prevención, disuasión, reparación y castigo que exige una política anticorrupción digna de ese nombre

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