Demos versus kratos

DOS intervenciones llaman la atención en el debate suscitado la semana pasada tras la presentación del proyecto de reforma fiscal.

Primero, la de que las leyes sólo deben discutirse en la Asamblea, o, lo que es lo mismo, que la Asamblea puede discutir las leyes sin pasar necesariamente por el tamiz de las opiniones y debates que se generan en los sectores organizados de la sociedad.

Segundo, una intervención, no menos llamativa, es la que defiende la legitimidad de la reforma planteada por el Ejecutivo sobre la base del 47% de los votos emitidos a favor de Patria Nueva en las elecciones presidenciales de mayo pasado.

El primero de estos juicios contiene una apreciación limitada sobre el proceso de formación de las leyes, y el segundo emana de una concepción estática y autoritaria de la legitimidad del poder en la democracia.

Lo que tienen en común es que ambos, sin proponérselo, y más bien por descuido, plantean el divorcio y enfrentamiento entre el demos (el pueblo) y el kratos (el Estado).

No puede haber una democracia efectiva cuando sus elementos esenciales, demos y kratos, se escinden y se enfrentan en la práctica, o, de una manera más gráfica, en las calles.

Si el desfile de pancartas y coros de protesta sólo tendrá como respuesta los bastones eléctricos de las fuerzas de control de multitudes, la democracia pierde.

Lo curioso es que el planteamiento de este divorcio y choque no es el resultado de las lucubraciones de la clase media, que no se repone aún de la idea de un brutal golpe asestado a sus bolsillos, y que ha reaccionado sólo contra lo que le toca de modo inmediato.

Lo curioso es que estos planteamientos han sido esgrimidos por voceros de Patria Nueva, como una forma de apoyar argumentalmente el proyecto de reforma fiscal.

bbb¡No me ayude tanto, compadre!Es un error plantearse la reforma fiscal sólo como un problema técnico y no como un problema que tiene una dimensión política.

La reforma fiscal necesita, como todos los proyectos de cambio duradero, que la gente sea parte de ella.

Esto se logra con el apoyo de los sectores organizados de la sociedad, que, en la medida en que estén bien informados sobre las metas que se desean lograr y las estrategias a través de las cuales se piensa lograr dichas metas, pueden aportar a una causa común.

Está totalmente fuera de lugar cuestionar su derecho a participar en el proceso de reforma.

Cuando un proyecto de ley llega al Legislativo es porque se encuentra en la fase final de su aprobación, pues los diputados no son elegidos por empresarios, sindicatos o gremios, sino por los partidos y el electorado.

Lógico es, entonces, que el debate legislativo sea un contraste de fuerzas políticas.

La confusión radica en pensar que la Asamblea y, por ende, los partidos, tienen el monopolio de la función política en el Estado, pues las organizaciones que expresan la opinión de los sectores productivos, así como las no gubernamentales, en general, también tienen una función política en una sociedad democrática, en la que la política es la representación de la sociedad.

¿Quién está dispuesto a negar que en Panamá, por demasiado tiempo, a los políticos les ha bastado con representarse a sí mismos? La ley es siempre el resultado de la voluntad política y en una sociedad democrática esto significa que la sociedad ha participado, ha tenido parte en, ha contribuido a formar esa voluntad.

Hace una semana denuncié el hecho de que el gobierno no parecía interesado en escuchar los planteamientos de la sociedad sobre el proyecto de reforma fiscal, pues originalmente se había anunciado que el Consejo de Gabinete aprobaría la propuesta el lunes 17 y la presentaría ante la Asamblea el martes 18.

Tomando en cuenta que el proyecto sólo se conoció a partir del jueves 13, me pareció que había muy poco tiempo para que los distintos sectores sociales y políticos que integran la ciudadanía lo leyera, lo entendiera y pudiese formular una posición razonable de cara al mismo antes de que el Ejecutivo lo presentase formalmente.

No obstante, bien pronto distintas organizaciones hicieron públicos sus reproches en el sentido de que no habían sido consultadas, no estaban de acuerdo con el contenido íntegro de la reforma, y exigían que el gobierno no prosiguiese con el proyecto hasta tanto no se hubiesen agotado las instancias de consulta.

El gobierno no actuó exactamente conforme a lo anunciado.

La aprobación por el Consejo de Gabinete y la convocatoria a sesiones extraordinarias tuvo lugar el miércoles 19, luego de que se introdujeron algunos cambios en el articulado presentado originalmente.

Desconozco cuál es la valoración que hacen los técnicos de dichos cambios, pero el crédito hay que adjudicárselo al Presidente.

Si bien las modificaciones introducidas no representan una alteración sustancial al proyecto, lo cierto es que las primeras manifestaciones de las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, lograron que el gobierno hiciese ajustes a su propuesta original.

Entiéndase bien: eso no fue echar hacia atrás.

Al hacer eso, al escuchar a la sociedad, el gobierno movió el proyecto hacia adelante.

No hay acuerdo aún sobre si el gobierno escuchó lo suficiente.

En cualquier caso, ahora las modificaciones, si las hubiere, serán introducidas por los diputados.

En ese afán de resolver todo mediante encuestas, alguien en algún momento hará la pregunta clave: ¿Si hubiese usted conocido el proyecto de reforma fiscal antes de las elecciones de mayo del año pasado, habría usted votado por Martín Torrijos? El que piensa que el 47% del voto le da un cheque en blanco al gobierno, lo pensaría mejor si viera los resultados de esta hipotética encuesta.

La razón de ser de las elecciones es definir el liderazgo que orientará el proceso político de la nación en un periodo establecido, jamás la abolición del proceso político mismo.