El virus altera la tradición fúnebre en Sudáfrica

KHAYELITSHA, Sudáfrica — En épocas normales, no habría duda de dónde sería enterrado Zinzile Mweli: junto a sus ancestros en el poblado donde nació.

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Pero cuando Mweli, dueño de un microbús taxi, murió de COVID-19 el mes pasado en Ciudad del Cabo, 965 kilómetros al oeste de su ciudad natal, su familia se vio forzada a hacer frente a un nuevo predicamento para muchos sudafricanos de raza negra: ¿sería posible llevar su cuerpo a casa para un funeral, acompañado de sus seres queridos, desde Ciudad del Cabo?

En marzo, Sudáfrica impuso uno de los confinamientos más severos del mundo en respuesta al coronavirus, al restringir los viajes entre provincias. Esto trastornó una práctica cultural sumamente importante para muchos residentes de raza negra en Ciudad del Cabo: llevar de vuelta los cuerpos de familiares a la vecina provincia de Cabo Oriental para su sepelio.

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Las nuevas reglas en torno a los viajes para funerales son tan complejas, y añaden un gasto adicional tan grande, que se han vuelto prácticamente infranqueables para muchas familias, de acuerdo con directores de funerarias y líderes comunitarios en Ciudad del Cabo. Para algunas familias más pobres, las reglas obligan a decidir entre romper la tradición y romper la ley.

Aunque Sudáfrica ahora intenta reabrir, y relaja algunas restricciones, las reglas en torno a los funerales siguen en vigor.

La asistencia a los funerales se limita a máximo 50 personas, y los velorios de toda la noche están prohibidos. Tras la muerte de un ser querido, los parientes que viven en Ciudad del Cabo deben solicitar permisos de viaje a la Policía y solo familiares cercanos reciben autorización.

Para eludir las restricciones, algunos dolientes falsifican permisos de viaje, sobornan a funcionarios o toman largas rutas rurales para eludir los puntos de inspección.

Mweli dio positivo al virus el 4 de mayo. Murió en menos de una semana, a los 68 años.

Su familia “ni siquiera contempló” sepultarlo en Ciudad del Cabo, afirmó su sobrina Fezeka Nkubo. Igual que en muchas culturas africanas, creían que era esencial enterrar a Mweli junto a sus ancestros, para facilitar su viaje al más allá.

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Esta tradición de entierros adquirió significado adicional en Sudáfrica bajo los gobiernos blancos, cuando el sistema de mano de obra migrante atrajo a trabajadores de raza negra a las ciudades, pero les prohibía asentarse de forma permanente.

Esto cimentó la práctica de funerales repatriados y dio pie a toda una industria diseñada para facilitarlos.

Docenas de familias han recurrido a los entierros en Ciudad del Cabo, dijo Mzanywa Ndibongo, presidente del Foro de Salud de Khayelitsha, una organización comunitaria. “No es su deseo tener entierros aquí”, dijo, “pero debido a las regulaciones, se ven obligados a hacer eso”.

La experiencia de la familia de Mweli muestra lo abrumadoras que pueden ser las regulaciones.

Después de que murió en mayo, su familia batalló durante días para obtener permisos de viaje. Las regulaciones nacionales declaran que las víctimas de COVID-19 se supone que sean enterradas dentro de tres a siete días; para cuando la familia recibió permisos para viajar al poblado de Xonxa, había pasado más de una semana.

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Se requiere que los cuerpos de víctimas de COVID-19 viajen directamente a la tumba y las autoridades locales de salud tomaron posesión del ataúd cuando este llegó al poblado. La familia esperó a ser llamada para el funeral. Pero más tarde ese día, descubrieron que Mweli había sido enterrado sin ellos.

“Ni siquiera sabemos si era el ataúd correcto”, dijo Nkubo.

Tan pronto como sea posible, planean regresar a Xonxa, donde exhumarán a Mweli para darle descanso eterno.