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Proceso contra Jorge Barakat debió haberse abierto de oficio

Una investigación de oficio debe de abrir el Ministerio Público (MP) ante las acusaciones que realizó el abogado Guillermo Cochez contra el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por enriquecimiento ilícito.

Redacción | nacion.pa@epasa.com | @PanamaAmerica - Publicado:

No es el primer escándalo en el que se menciona al funcionario. Archivo

Una investigación de oficio debe de abrir el Ministerio Público (MP) ante las acusaciones que realizó el abogado Guillermo Cochez contra el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) por enriquecimiento ilícito.

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En estos términos se expresó la exministra y presidenta encargada de Cambio Democrático (CD), Alma Cortés, quien a través de su cuenta de Twitter recordó que de esta manera actuó el MP y la Contraloría General en el expediente que se le sigue por el mismo delito, por el que pagó 13 días de detención preventiva.

En esta ocasión, no fue un expediente de oficio el que se abrió contra el administrador de la AMP, sino que fue el abogado Cochez quien presentó una denuncia penal, cuya segunda ampliación la entregó a las autoridades el pasado martes, 10 de enero.

El abogado denunció la existencia de un círculo cero en la cúpula de la AMP, que incluye a José Aranda, director de puertos; Yaritza Romero, asistente personal de Barakat; Adalberto Alguero, director de ingeniería, y Gerardo Varela, exdirector de puertos y primo del presidente Juan Carlos Varela.

La solicitud de investigación de Cochez alcanza hasta a su esposa, Walkyria Pittí Martínez, presidenta de la sociedad Geo Services Group, que adquirió un apartamento de 181 metros cuadrados en el apartahotel Sortis, valorado en 200 mil dólares.

En esa sociedad, aparece Yaritza Romero como directiva, al igual que José Aranda.

Son varias denuncias las que persiguen a Barakat. Cochez hace mención de una empresa para la compra de sistemas de localizadores de barcos con bandera panameña, la cual la AMP insiste en contratar, a pesar de que la Contraloría General le ha negado en muchas ocasiones el refrendo para realizar contratos con el Estado.

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