Multas por incumplir con el uso de los desfibriladores

Multas de hasta 5,000 dólares podrían enfrentar las instituciones que no cumplan con la instalación, mantenimiento y accesibilidad de desfibriladores externos automáticos (DEA), según lo establece el Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley 372 de 2023.

Mediante la Ley 73 de 2019, se establece el acceso público a la desfibrilación y, por ende, la obligación de colocar DEA en lugares de alta concurrencia para salvaguardar vidas en caso de emergencias.

Las multas oscilan entre 250 y 5,000 dólares, dependiendo de factores como la ausencia de dispositivos, fallas mecánicas o eléctricas. Además, los inspectores del Ministerio de Salud (MINSA) podrán emitir recomendaciones para corregir deficiencias, y la reincidencia será evaluada por la Junta Técnica de Evaluación del Acceso Público a la Desfibrilación.

"La cuantía de las sanciones que se impongan se graduará teniendo en cuenta el riesgo generado para la salud, la repercusión social de la infracción y la reincidencia del infractor", detalla el artículo 11 del decreto.

El Decreto tiene como objetivo garantizar la disponibilidad, el correcto uso y el mantenimiento de los DEA en espacios públicos, privados, eventos masivos y centros penitenciarios. Entre sus disposiciones, establece que los dispositivos deben estar accesibles a menos de cinco minutos a pie, ser visibles, funcionales, rotulados y ubicados a una altura no mayor de 1.60 metros.

En eventos con más de 2,000 personas, será obligatoria la presencia de una ambulancia equipada con un DEA o monitor desfibrilador. Por otro lado, los centros penitenciarios deberán ubicar estos dispositivos en áreas estratégicas definidas por la Dirección del Sistema Penitenciario.

El uso de los dispositivos será responsabilidad del personal de salud y otras personas capacitadas en primeros auxilios mediante cursos reconocidos. Para garantizar esta preparación, las instituciones deberán seguir lineamientos de organizaciones internacionales como la Asociación Americana del Corazón.

Las instituciones públicas y privadas tienen un plazo de 12 meses para implementar estas disposiciones. Durante este periodo, el MINSA realizará inspecciones periódicas para evaluar el cumplimiento y emitir las certificaciones correspondientes.

Esta medida busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas, garantizando un acceso rápido a los DEA y promoviendo la seguridad en espacios de alta afluencia. De esta manera, Panamá se alinea con los estándares internacionales en reanimación, priorizando la protección de la vida.