Más de 80 millones de dólares incautados por falsificaciones

La distribución ilegal de marcas en vestuarios, calzados, equipos electrónicos y medicamentos predomina como en el comercio local, que la Dirección de Propiedad Intelectual(DPI) de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) reporta que es el delito con más decomisos en los últimos tres años.

Estadísticas de la entidad revelan que 80.6 millones de dólares se lograron incautar bajo la presunción de falsificación debido a que los propietarios de la mercancía no lograron demostrar los permisos de comercialización de marca.

Solo en este año, a través de los operativos que realiza la DPI en los puertos del Pacífico y Atlántico se logró retener mercancía valorada en 22.1 millones de dólares.

Crisanta Quintero, asesora legal de la DPI detalló que el grueso de las mercancías tienen como destino final países como Venezuela, Perú, Bolivia y Colombia, que mediante la Zona Libre de Colón o por los puertos intentan comercializar productos y vestuarios de marcas falsificadas, en su mayoría procedente de China.

La medida se basa en dos puntos: la legislación vigente que el Código Penal tipifica como delito y el riesgo de que parte de la mercancía ingrese al mercado local por contrabando.

“Cada una de las mercancías que entran a territorio nacional deben portar una licencia notariada y apostillada por el propietario de la marca y el país correspondiente”, sostiene Quintero.

De lo contrario, destaca, “se retiene la mercancía, se notifica al titular de la marca, se impone una sanción administrativa y se tramita a la Fiscalía de Propiedad Intelectual del Ministerio Público para la recopilación de los sumarios”. Las sanciones por este tipo de delito es de cuatro a seis años, según establece el Código Penal en su artículo 262.

A pesar de que la gestión busca limpiar el mercado de las marcas falsificadas y se respete la Ley de Propiedad Intelectual, la directora de ANA, Gloria Moreno de López teme que la anomalía se incremente por la falta de presupuesto.

Ayer, mientras sustentó el presupuesto de inversión para el 2013, planteó la necesidad de que la Asamblea Nacional le conceda un crédito extraordinario de 5.2 millones de dólares para la contratación de personal fijo que se encargue de los operativos en fronteras y puertos.

“Tenemos que reforzar más la vigilancia y para eso es necesario que se nombre a 500 nuevos funcionarios”, concluyó.