Supremo de EE.UU. ampara a la comunidad LGTBIQ contra la discriminación laboral

El Tribunal Supremo de EE.UU. otorgó este lunes su mayor victoria en años a la comunidad LGTBIQ al considerar que las leyes de los derechos civiles aprobadas hace medio siglo prohíben la discriminación contra homosexuales y transexuales en el entorno laboral.

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Se trata del fallo más importante a favor del colectivo de lesbianas, gais, trans, bisexuales, intersexuales y queers (LGTBIQ) desde la legalización del matrimonio igualitario en 2015. La vitoria, además, es significativa porque fue otorgada por un tribunal dominado por los conservadores.

"Hoy, debemos decidir si una compañía puede despedir a alguien meramente por ser homosexual o transgénero. La respuesta está clara", escribió en la sentencia el juez Neil Gorsuch, nombrado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y quien junto a otros cinco magistrados votó contra la discriminación hacia gais y trans.

En un fallo histórico, el Tribunal Supremo determinó que el colectivo LGTBIQ está protegido por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, diseñada para garantizar la igualdad de los afroamericanos y que ya prohibía la discriminación por sexo, pero hasta ahora no cobijaba a los transexuales.

Durante medio siglo, el Tribunal Supremo interpretó que la "discriminación por sexo" de esa legislación solo se refería a las mujeres y, hasta ahora, no había considerado que también ampara a la comunidad LGTBIQ. En el transcurso del caso, los abogados de la Administración Trump argumentaron que las leyes de derechos civiles no protegían ni a trans ni a gais; mientras que los demandantes consideraban que las leyes vigentes aplicaban a todos los seres humanos.

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Dos de las personas que forzaron al Tribunal Supremo a pronunciarse son Donald Zarda, que fue obligado a dejar su puesto de instructor de paracaidismo tras revelar que era gay, y Aimee Stephens, una mujer transgénero que fue despedida tras anunciar que iba a comenzar el proceso de transición.

Zarda murió en 2014 en un accidente de paracaidismo, mientras que Stephens falleció en mayo de este año por un fallo de riñón y pasó a ser representada en el caso por su esposa, Donna. Stephens se había convertido en el rostro más conocido del caso debido a su incansable lucha hasta llegar al Tribunal Supremo, adonde acudió en octubre en silla de ruedas para la audiencia sobre su caso.

En 2013, Stephens fue despedida de la funeraria de Michigan en la que trabajaba por haber comunicado a sus superiores que, en realidad, era mujer y había decidido iniciar el proceso de transición de reasignación de sexo, por lo que a partir de entonces vestiría ropa femenina.

Semanas antes de ser despedida, en una carta a sus compañeros de trabajo, Stephens escribió: "Debo decirles algo que es muy difícil para mí y que toma todo el coraje que he podido reunir. Me siento encarcelada por un cuerpo que no coincide con mi mente y esto me está causando gran desesperación y soledad".

Sus compañeros la respaldaron y defendieron que era una persona compasiva capaz de hacer un trabajo excelente en la funeraria; pero su jefe decidió despedirla porque, al querer llevar ropa femenina, supuestamente incumplía el "código de vestimenta específico para cada sexo" determinado por la empresa.

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Aunque Stephens no estaba para conocer hoy el fallo del Tribunal Supremo, se espera que su lucha beneficie a los 8,1 millones de personas LGTBIQ en edad de trabajar en EE.UU., de los que casi la mitad (3,9 millones) viven en estados que no tienen leyes para protegerles, según la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU). Como hasta ahora no había un estándar federal, la discriminación estaba permitida y quedaba a discreción de los estados proteger o no a transexuales y homosexuales.

Solo 23 de los 50 estados de EE.UU., además de la capital, Washington DC,habían aprobado algún tipo de legislación para defender a transexuales y homosexuales; pero la discriminación seguía siendo legal en lugares como Misisipi, Virginia Occidental, Texas y Tennessee, que ahora tendrán que proteger a los la comunidad LGTBIQ. El caso había provocado una gran expectación en EE.UU., donde organizaciones religiosas pidieron al Supremo que fallara contra los trans; mientras que unas 200 empresas del país habían salido en su defensa.

Desde que llegó a la Casa Blanca en 2017, Trump ha erosionado los derechos del colectivo LGTBIQ, en un intento por mantener el apoyo de su base de la derecha cristiana. Sin embargo, el fallo del Tribunal Supremo sienta un precedente legal y supone un giro irreversible en la lucha por la igualdad.

Hace solo medio siglo, todos los estados del país menos uno criminalizaban la homosexualidad y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría la consideraba una enfermedad mental, pero ahora esas opiniones son cada vez más minoritarias en EE.UU. De hecho, en 2019, el 63 % de los estadounidenses estaba a favor del matrimonio igualitario y el 53 % opinaba que la ley debía otorgar mayor protección a los transexuales, según la encuestadora Gallup.

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