El estado de Arizona podría ser multado por fallas en el servicio de salud en los reclusorios

El Departamento de Correcionales de Arizona, podría estar en serios problemas si un juez determina si multa al estado por no ofrecer un buen servicio de salud para los reclusos. El juez que lleva un caso colectivo relacionado con la calidad de la atención médica en las prisiones de Arizona efectuará esta semana audiencias para determinar si multa al estado. El magistrado federal David Duncan también examinará la acusación de que un proveedor de atención médica para presos burló el compromiso asumido por Arizona en una solución fuera de tribunales de la demanda cuando la empresa negó el servicio a un recluso a fin de evitar el pago de una multa.  El juez dispuso que las audiencias tengan lugar el martes y miércoles después de que reiterara su molestia frente a lo que describió como la “lamentable incapacidad” del estado para efectuar las mejoras que prometió hace tres años cuando resolvió fuera de tribunales las acusaciones de que los reclusos recibían una atención médica deficiente.  Duncan advirtió que podría declarar que el director del Departamento de Correccionales de Arizona, Charles Ryan, y otro funcionario carcelario incurrieron en desacato civil a la corte y multar al estado con $1,000 por cada punto de incumplimiento de diciembre y enero.  El estado ha admitido más de 1,000 fallas de este tipo en diciembre, lo que implica que podría enfrentar una multa de $1 millón por ese mes solamente. Arizona enfrenta un plazo que vence el lunes para que revele los puntos de incumplimiento en enero, aunque el juez ha autorizado que parte de esa información sea presentada el mes entrante.  Los aspectos en los que Duncan ha solicitado las mejoras incluyen garantizar el suministro de nuevos medicamentos de receta a los reclusos a más tardar en dos días y obligar a los proveedores médicos a que transmitan a los presos los resultados de los informes patológicos y de otros estudios de diagnóstico a los cinco días de que hayan recibido esos expedientes.  Andrew Wilder, portavoz del Departamento de Correccionales, declinó hacer declaraciones sobre las próximas audiencias.  Ryan dijo en una audiencia del 13 de febrero en la Legislatura que su agencia avanza en el cumplimiento del acuerdo extrajudicial y que el estado no tiene intención de pagar ninguna multa que pudieran imponerle.