Desalojan a miles de familias de tierras invadidas en Nicaragua tras la crisis
Las autoridades no confirmaron la cantidad de familias removidas, ni si se trata de un nuevo desalojo específico o si devolverán todas las tierras a sus dueños.
La mayoría dijo que tiene necesidad de un terreno, que no tienen capacidad de pagar los que ofrece el sector privado y que no tienen un trabajo digno.
Al menos 5.000 familias que mantenían ocupadas propiedades de forma ilegal, en el marco de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron en abril pasado, fueron desalojados por la Policía Nacional, informaron hoy los afectados.
Las familias, que habían construido viviendas precarias, fueron desalojados la noche del miércoles de una propiedad de 100 manzanas de tierra (unas 70,5 hectáreas) ubicada en el municipio de Mateare, 17 kilómetros al noroeste de Managua, a la que habían bautizado con el nombre de "39/19".
El nombre del asentamiento fue puesto en conmemoración al 39 aniversario de la revolución sandinista que derrocó con la fuerza de las armas el 19 de julio de 1979 a la dictadura de los Somoza.
Uno de los afectados, con su rostro cubierto y que se identificó como sandinista, declaró al Canal 10 de la televisión local que se habían tomado esas tierras porque creían les pertenecía al Estado y tenían derecho a ellas por apoyar al presidente Daniel Ortega en el marco de la actual crisis.
La mayoría dijo que tiene necesidad de un terreno, que no tienen capacidad de pagar los que ofrece el sector privado y que no tienen un trabajo digno.
Las autoridades no confirmaron la cantidad de familias removidas, ni si se trata de un nuevo desalojo específico o si devolverán todas las tierras a sus dueños.
Hasta el 28 de septiembre pasado, un total de 7.317 manzanas de tierras (5.158 hectáreas), en su mayoría para uso agrícola, permanecían tomadas de forma ilegal en el marco de las protestas contra el Gobierno de Ortega, según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).
Upanic viene denunciando las tomas de tierras en diversos departamentos del país desde el pasado 1 de junio y ha exigido a la Policía Nacional y al Ejército que intervengan a través de planes de seguridad preestablecidos.
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham) ha exigido el cese inmediato de las tomas de tierra de forma ilegal a nivel nacional y ha denunciado el incremento sin control de personas inescrupulosas que al margen de la Ley violentan las propiedades privadas en este país.
Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado varias protestas contra el Gobierno de Ortega y un saldo de entre 322 y 512 muertos, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 199 los fallecidos.
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La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado".
Las manifestaciones contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder.