Corte Federal de México ordena nueva investigación por estudiantes desaparecidos
En marzo de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en un informe que 34 de las 129 personas arrestadas en el caso sufrieron tortura.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de una escuela normal desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país. FOTO/AP
Una corte federal de México ordenó que se realice nuevamente la investigación por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, esta vez bajo la supervisión de una Comisión de la Verdad.
El tribunal del estado de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos, señaló que las acusaciones de que se torturó a los sospechosos para arrancarles una confesión, hace que sea necesario conducir una nueva investigación.
El tribunal ordenó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que estaría conformada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación.
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La Procuraduría General de la República dijo que no tenía previsto de momento hacer declaraciones sobre la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de una escuela normal desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país. La PGR había dicho que la policía local entregó a los estudiantes a miembros de una banda de narcotraficantes con la que estaba coludida.
Pocos meses después de las desapariciones, el titular de la PGR en aquel entonces dijo que los investigadores habían encontrado la “verdad histórica” de lo sucedido: que los estudiantes fueron asesinados y sus cadáveres incinerados en un vertedero de basura en las afueras de Iguala.
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Sin embargo, las investigaciones posteriores de expertos externos pusieron en entredicho tal versión.
En marzo de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en un informe que 34 de las 129 personas arrestadas en el caso sufrieron tortura.
En el informe se acusó a investigadores federales y a soldados de la Marina de extraer confesiones mediante tortura, y se solicitó que esas declaraciones fueran desechadas.
En aquella ocasión, el gobierno mexicano respondió que todos los incidentes mencionados estaban en investigación.
La decisión que el tribunal emitió criticó duramente la investigación, la cual _dijo_ adoleció de lentitud, falta de independencia y violaciones a los derechos humanos mediante la tortura.
“No se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército Mexicano y la Policía Federal”, según el tribunal.
“Y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos recibieron con beneplácito la decisión del tribunal y dijeron en un comunicado que las familias lo analizarían en los próximos días.
“El gobierno federal respondió siempre que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria. Hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”, dice el comunicado.