Empresarios no quieren cargar más con descuentos

Más de 30 años han transcurrido de la entrada en vigencia de la Ley 6 que brinda descuentos a los de la tercera edad en algunos establecimientos comerciales y servicios, sin embargo, este descuento no ha sido deducible del impuesto sobre la renta como lo estipula la normativa.

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Domingo de Obaldía, presidente de la Asociación de Restaurantes, indicó que solamente entre los 400 miembros de esta Asociación los descuentos a jubilados representan aproximadamente entre 25 y 30 millones de dólares anuales, sin que hasta la fecha se les deduzca del impuesto sobre la renta, tal como lo indica la normativa.

Destacó que en la ciudad de Panamá puede haber más de dos mil restaurantes que están atravesando por una difícil situación como esta.

Luego de que en los últimos años hayan pedido a las autoridades que se haga cumplir la ley, la Asociación de Restaurantes, como miembro fundador de la Federación Centroamericana de Cámaras, Asociaciones de Restaurantes y Afines, solicitó su apoyo con la finalidad de ejercer presión.

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En la resolución de 10 de agosto pasado, esta federación centroamericana reconoce y avala los esfuerzos realizados por la Asociación de Restaurantes de Panamá, en su lucha porque el Gobierno les reconozca los descuentos otorgados en relación a la Ley 6 de 16 de junio de 1987.

"Nos pronunciamos a favor de cada una de las acciones que la Asociación de Restaurantes de Panamá promueva para obtener los resultados solicitados desde el 2016, dado que en Honduras existe un descuento similar y el Gobierno cumple con la devolución a las empresas del mismo", destaca la resolución de la Confederación Centroamericana.

De Obaldía destacó que de no recibir una respuesta afirmativa, interpondrán una demanda al Estado ante la Corte Suprema de Justicia.

Indicó que están conscientes de que el Gobierno actual tiene una situación difícil con las finanzas, pero lo que quieren es una respuesta de que pueden hacer cumplir la ley más adelante.

De Obaldía señala que así como los restaurantes hay otras empresas afectadas como por ejemplo las farmacias, que también dan un 20% de descuento a personas de la tercera edad; hoteles, que de lunes a jueves ofrecen un 50% de descuento y de viernes a domingo 30%, entre otras, pero son los restaurantes los que han tomado la batuta.

Pedro Acosta, representante de los consumidores, sostiene que se debe honrar la ley ya que Acodeco multa por no cumplirla, los de la tercera edad hacen cumplir estos beneficios, pero el Estado no cumple.

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"Debería haber algún tipo de arreglo de como en el tiempo y espacio se pueda hacer cumplir esta normativa", explicó.

Por su parte, el abogado Alfonso Fraguela indicó que están en todo su derecho de exigir la deducción de estos impuestos. "Tomando en consideración que están cumpliendo lo que establece la ley, la situación es comprensible, cuando estamos viendo la economía nacional deprimida y ellos están asumiendo la deducción que sería respetada por el Estado", sostuvo.

Mientras que el economista Augusto García coincide en que si lo establece la ley debió cumplirse, ya que cuando el Estado aplica estas leyes tiene que saber de dónde se van a financiar, porque traspasar al sector privado estos descuentos no es lo apropiado, porque es una política de Estado.

"La ley establece que es deducible y obviamente el impacto va a tener efectos sobre la recaudación, lo que debe hacer el Estado es reconocer lo que dice la ley y aplicarlo independientemente de la situación de recaudación de impuesto", dijo.

La Ley 6 establece que los panameños o extranjeros que tengan cincuenta y cinco años o más, si son mujeres, o sesenta años o más si son varones y todos los jubilados y pensionados gozarán de descuentos en varios servicios, compras, etc.

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Según cifras de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), desde enero se impusieron 158 multas por un monto de 32 mil 100 dólares a restaurantes y establecimientos de comida rápida, por negar este beneficio a los de la tercera edad.

Mientras que a hoteles se han impuesto 17 multas por la suma de $3,650; transporte aéreo, por $3,550, transporte público, $16,525, entre otros.

De acuerdo con cifras de la Contraloría General, existe más de un millón de personas que tiene más de 50 años de edad en el país.

Los beneficiarios deben presentar su cédula de identidad personal o carné de jubilado, para hacer efectivo el beneficio.

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