La FAO ha puesto a disposición de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, el organismo que aglutina a la mayoría de las comunidades del país, dos drones de ala fija valorados en 7.500 dólares cada uno, que las comarcas se van alternando, y siete estaciones de monitoreo colocadas en puntos estratégicos del país.
No levantan dos palmos de altura y apenas miden un metro de punta a punta, pero son capaces de escudriñar cada rincón de los extensos bosques panameños y de alertar sobre cualquier mínima señal de deforestación. "Son como pájaros guardianes", dice mirando al cielo Manuel Martínez, un indígena de la etnia Guna que ha aprendido a pilotar drones gracias a un programa impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Aunque son el símbolo de la guerra moderna y las potencias militares los utilizan para matar sin salpicarse el uniforme de sangre, los drones también se han convertido en el mejor aliado de los pueblos indígenas panameños para preservar su bien más sagrado: la Madre Tierra. "Los bosques tienen un sentido espiritual para nosotros, son nuestros hermanos. Nos protegen del sol, de la lluvia, nos dan alimentos y medicinas para que nuestros hijos no se enfermen", explica con ayuda de un traductor Otilio Matos, el cacique de la Comarca Madugandí, un territorio guna a dos horas en auto de la capital panameña que le ha declarado la guerra a la tala ilegal. Las cifras dan vértigo: el Ministerio de Ambiente calcula que cada año se pierden por la deforestación 11.415 hectáreas, y la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) estima que en total hay 2 millones de hectáreas degradas en todo el país, de las que solo se ha podido recuperar el 14 %. "La falta de bosques pone en riesgo la seguridad alimentaria de estos pueblos, su vivienda y su supervivencia. No se trata solo de monitorear para conservar la biodiversidad, sino también para proteger a estas sociedades", explica el oficial forestal de la FAO Lucio Santos durante una visita de Acan-Efe a la comunidad de Aku Yala, en Madugandí. Santos lidera este proyecto piloto de la FAO que se pretende expandir al resto de países de Mesoamérica y que busca enseñar a las poblaciones rurales e indígenas a vigilar sus recursos naturales a través de la información procedente de satélites, inventarios forestales y drones. "Los drones les ayudan a identificar las zonas en las que están teniendo lugar invasiones de colonos", como se llama a las personas que viven en las comarcas a pesar de no ser indígenas, "y les alertan de los abusos de la ganadería", explica el oficial forestal. La FAO ha puesto a disposición de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, el organismo que aglutina a la mayoría de las comunidades del país, dos drones de ala fija valorados en 7.500 dólares cada uno, que las comarcas se van alternando, y siete estaciones de monitoreo colocadas en puntos estratégicos del país. "Llevamos años pidiéndole guardabosques al Estado y siempre nos dicen que no hay fondos suficientes. Sino fuera por nosotros, ya no habría bosques", denuncia la máxima autoridad de esta comarca de 4.000 personas y 180.000 hectáreas que se extiende a lo largo del Lago Bayano y que tiene autonomía jurídica y política desde 1996. Carlos Doviazga, uno de los 54 jóvenes indígenas que han recibido la formación de la FAO, se prepara para armar uno de estos guardianes voladores, de espuma comprimida y batería de litio. Como si estuviese recitando la lección, Doviazga repasa en voz alta y con una lista en la mano los pasos que hay que seguir a la hora de montar un dron: colocar el fuselaje, alinear las alas, enganchar la cámara, programar el vuelo... El cacique graba todo el proceso con un teléfono medio roto y mira al joven indígena que habla perfectamente español como si fuese un extraterrestre. "Por seguridad, la hélice es lo último que se monta. No es de metal, es plástico, pero te aseguro que puede arrancarte un dedo fácilmente", cuenta muy serio y concentrado este joven de la etnia emberá wounaan, otra de las siete tribus que existen en Panamá. "Estamos listos", clama la mujer que ha enseñado a estos jóvenes a leer mapas e interpretar imágenes durante los últimos meses, la especialista en sistemas de información geográfica de la FAO Tamara Hernández. Aunque el aparato puede volar hasta alcanzar una altura de 2.000 metros, generalmente no suele superar los 300 metros ya que por ley está prohibido, y porque cuanto más alto peor es la resolución de las imágenes que se captan. "Hace unas semanas hicimos un vuelo muy bajo por la zona de Cerro Algodón y alcanzamos una resolución de 3 centímetros por píxel. Casi les vemos el interior de las orejas a las vaca", recuerda entre risas la profesora. Aproximadamente el 60 % del territorio panameño está cubierto de bosques tropicales, un tercio de los cuales se encuentra en tierras habitadas por indígenas. La selva del Darién, en la frontera con Colombia, y la comarca indígena Ngabé Buglé, en el Caribe panameño, son las más afectadas por la deforestación. Según un informe publicado por la ONU en 2014, la reducción de las masas forestales entre 1992 y 2012 supuso una pérdida de 3.700 millones de dólares para la economía panameña. "Cuando arrancan un árbol de nuestros territorios, es como si nos quitasen un trozo de piel", reconoce el cacique.
