Chile: el doloroso nacimiento de un país diferente

En 2014, Michelle Bachelet, del Partido Socialista, llegó a la presidencia de Chile por segunda vez con una victoria arrasadora gracias a un programa de reformas radicales a los impuestos, la educación y las pensiones. También anhelaba promulgar una nueva Constitución que garantizara “un mayor equilibrio entre el Estado, el sector privado y la sociedad”, como me lo describió mientras tomábamos té en La Moneda, el palacio presidencial. Argumentaba que su “lucha contra la desigualdad” era la última oportunidad para atender inconformidades que, si no se solucionaban, podrían conducir al populismo en Chile.

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En aquel entonces, esa declaración parecía alarmista. Además, el diseño de varias de las reformas que proponía Bachelet era deficiente. Fueron recibidas con una oposición implacable por parte del sector empresarial y de la derecha. Su imagen pública quedó mancillada por un escándalo relacionado con un préstamo bancario que solicitó su hijo. Sin embargo, en retrospectiva, Bachelet tenía razón sobre los temas importantes. A lo largo de este último mes, Chile se ha visto envuelto en las llamas de una conflagración social debido a las inconformidades que ella identificó. Esto ha suscitado enormes manifestaciones pacíficas, tumultos brutalmente violentos y una vigilancia policial rigurosa.

Un país diferente está por nacer. De la dictadura de Augusto Pinochet, Chile heredó una economía de mercado de rápido crecimiento y una “sociedad de mercado” de pensiones, atención médica y educación del tipo “páguelo usted mismo”. En el transcurso de los últimos 30 años, bajo el mandato de gobiernos democráticos, las prestaciones sociales se han reformado de manera gradual. Los chilenos no son tan pobres como antes y sus ingresos son más equitativos. Sin embargo, muchos de ellos no lo ven así. Las protestas son un llamado para una mayor redistribución y mejores servicios públicos.

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El sucesor de Bachelet, Sebastián Piñera, un empresario multimillonario que se convirtió en político de centro derecha, resultó electo gracias a su promesa de impulsar el crecimiento económico mediante una corrección de las políticas de su predecesora. Como no tenía la mayoría en el Congreso, no logró muchos avances. El manejo que les ha dado a las manifestaciones ha sido errático. Luego de que el metro de Santiago sufrió ataques incendiarios coordinados el mes pasado, declaró que Chile estaba “en guerra” y desplegó al Ejército en las calles. Para muchos chilenos, eso le quitó toda la credibilidad a su crítica posterior a la vigilancia policial, que ha derivado en seis muertos y unos 2400 heridos, más de 200 con lesiones oculares. Casi 2000 miembros de la policía han resultado heridos también, pero no lograron evitar los incendios provocados en iglesias, supermercados y edificios públicos.

Piñera prometió un aumento inmediato a la pensión mínima (pero solo a 165 dólares al mes), un incremento pequeño al salario mínimo y medidas para reducir los costos de los medicamentos y la electricidad. Se resistió a implementar otros cambios: las modificaciones en su gabinete fueron más sutiles de lo esperado y eludió las demandas de más impuestos y una nueva Constitución. “Fue muy poco y demasiado tarde”, dice Heraldo Muñoz, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Bachelet.

El presidente ha perdido el control de los acontecimientos. Su nuevo ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se mostró de acuerdo con la oposición en cuanto al aumento de los impuestos, el financiamiento de pensiones más elevadas y un mejor sistema de atención médica. Tras un paro general y manifestaciones violentas el 12 de noviembre, los funcionarios convencieron al presidente de no volver a declarar un estado de emergencia. En cambio, Gonzalo Blumel, su nuevo ministro del Interior, negoció un convenio nacional para realizar un referendo en abril sobre si se debe redactar una nueva Constitución y qué tipo de organismo debe hacerlo. Todos los partidos, excepto algunos de la extrema izquierda y la extrema derecha, lo firmaron. El acuerdo cuenta con el 67 por ciento del apoyo popular, según una encuesta publicada esta semana.

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Las manifestaciones están comenzando a disminuir. Este acuerdo le ofrece a Chile un posible camino hacia la paz y una reforma consensual. Hay protecciones establecidas para evitar que una asamblea constituyente siga los pasos de Hugo Chávez en Venezuela. Su trabajo será únicamente redactar una Constitución con la cual dos terceras partes de sus miembros estén de acuerdo. “La gran mayoría de los chilenos son sensatos”, dice el politólogo Patricio Navia. “Quieren que el pastel se reparta más equitativamente, no quieren hacerlo explotar”.

Otros se muestran más pesimistas. “El experimento neoliberal está completamente muerto”, de acuerdo con Sebastián Edwards, economista chileno. ¿Qué lo reemplazará? Algunos temen que se avecine un descenso al populismo. La economía ya ha recibido fuertes golpes y es poco probable que la inversión se recupere hasta que haya un esquema claro para un nuevo modelo. Chile ha descubierto verdades muy crudas sobre sí mismo. Las fuerzas del orden otrora admiradas, los Carabineros, han demostrado ser incompetentes y despiadados. Se ha comprobado que el servicio de inteligencia está completamente desinformado.

Muchos partidarios moderados de centro tienen la esperanza de que de esta catarsis nazca un modelo político que preserve una economía competitiva de mercado y cree un estado de bienestar al estilo europeo. Ese sería un hito de innovación en América Latina. Pero llegar ahí, no será sencillo.

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