Desorden administrativo, a la orden del día
El Ministerio Público investiga varios casos de juntas comunales.
El exrepresentante de Veracruz, Ronald González, fue detenidos por su presunta vinculación a este caso. Cortesía
Las irregularidades que han detectado las nuevas autoridades van desde la desaparición de las vigas que debieron ser utilizadas en trabajos de mantenimiento del Puente de las Américas, hasta muertos cobrando en la planilla del Ministerio de Educación.
Dichas denuncias empezaron a salir desde los primeros días del mes de julio, cuando tomaron posesión los nuevos representantes de corregimiento. En las juntas comunales de San Francisco, Ancón, Juan Díaz y Chilibre, en el distrito de Panamá, hicieron públicas las denuncias de anomalías a las que, posteriormente, se sumaron las comunas de Puerto Caimito y Amador. Incluso, los alcaldes de Panamá, San Miguelito y Colón se hicieron eco de desastres financieros y desorden administrativo en sus jurisdicciones.
Ante lo expuesto por las autoridades locales, la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción desarrolla varias investigaciones por delitos contra la administración pública, en perjuicio de municipios y juntas comunales, de las cuales ocho corresponden a investigaciones de oficio en Panamá, Colón y Los Santos.
Además, se investigan denuncias presentadas por las autoridades locales de los distritos de Chepo, San Miguelito y Sambú, en la comarca Emberá-Wounaan, por presuntas irregularidades correspondientes al periodo 2019-2024.
Según la Fiscalía, en Colón se investiga de oficio la cantidad de vehículos que, bajo la figura de aprehendidos, fueron entregados en uso y custodia del exalcalde (2014-2019).
En San Miguelito, se investiga la retención indebida de la cuota obrero patronal por el orden de $5,940,342.36; en Chepo, por la posible malversación de fondos entregados por el Gobierno Central en contratos de proyectos de construcción e implementación de plataformas digitales, y otra denuncia por la retención indebida de cuotas obrero patronal por la suma de $186,376.35.
Por otro lado, tras una serie de investigaciones, varios funcionarios del Ministerio de Educación (Meduca) fueron aprehendidos por el delito de tráfico de influencias en la provincia de Bocas del Toro y en el distrito de San Miguelito. Vendían las plazas de docentes entre 500 y 2,800 dólares. Las víctimas eran contactadas a través de la red WhatsApp y citadas en los predios de dicha entidad.
En tanto, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) presentó una querella ante la Fiscalía Anticorrupción contra quien resulte responsable por el alquiler de dos locales comerciales que fueron arrendados durante tres años. Los locales fueron equipados con todo el mobiliario, pero nunca fueron utilizados. Se conoció que se trata de dos contratos de arrendamiento, por el orden de $68,580, por un período de tres años desde 2021 hasta 2023, pagados en su totalidad a un solo propietario.
El 8 de septiembre, MiAmbiente presentó otra denuncia ante el Ministerio Público por el presunto daño del sistema de Recursos Humanos y la pérdida de registro e información de los servidores públicos. MiAmbiente informó que el equipo legal de la entidad presentó la denuncia contra quienes resulten responsables por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio de la institución, por el posible daño de este sistema.
La denuncia se basa en que, en el año 2018, se suscribió un contrato para "el diseño, desarrollo, suministro, implementación, capacitación, soporte y mantenimiento de un sistema de gestión de personal y recursos humanos", el cual fue refrendado por la Contraloría General de la República.Por su
parte, la Policía Nacional descubrió que alrededor de 240 armas de fuego del inventario institucional se encuentran extraviadas. La entidad presentó una denuncia ante el Ministerio Público para esclarecer el incidente. En su momento, la Policía indicó que el problema data de administraciones anteriores.
Planillas abultadas
Otro de los casos relevantes es el del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), en donde el titular de Vivienda, Jaime A. Jované C., indicó que había un exceso de planilla de 2,753 trabajadores.
"En este ministerio la reducción fue masiva; teníamos conductores, pero no había autos; operadores de maquinarias sin equipo; albañiles y carpinteros para los programas de vivienda, pero, por la deuda que se tenía, los suplidores dejaron de abastecer, por lo que todas las cuadrillas estaban sin trabajar por falta de insumos para poder ejercer sus labores", dijo en su momento Jované.
Señaló, además, que otro de los hallazgos encontrados, y que está revisando la Dirección de Auditoría Interna, es la duplicidad de cheques por pagos de vacaciones y décimo tercer mes atrasados, por lo que se investiga para conocer la magnitud de este caso.
El caso que más ha captado la opinión pública en los últimos días es el del robo de 600 vigas de acero que desaparecieron de un patio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en Farfán, corregimiento de Veracruz. El abogado Alfonso Fraguela expresó que la administración anterior dejó una huella de duda por una administración gris.
Fraguela agregó que temas como el uso de fondos de pandemia, las bolsas de comida, los albergues, los auxilios para educación, las vigas, la firma del contrato minero, el uso de los dineros recibidos por la empresa minera, las operaciones bariátricas a personas cercanas a él y el decreto que ordena la restricción de la información del consejo de gabinete son solamente algunas muestras de lo que ocurrió en la administración de Laurentino Cortizo.
A juicio del abogado, el nuevo procurador tendrá que actuar, pues hay temas que deberán ser aclarados porque existe una nube de dudas sobre esa gestión.