TE ayuda al Gobierno impidiendo encuestas

La negación de un permiso a la empresa Ipsos para realizar investigaciones de mercado, por parte del Tribunal Electoral (TE), estaría ligada a la guerra frontal que ha mantenido el TE con los diarios del Grupo Epasa, y no permitir que se conozca una segunda versión de lo que opinan los panameños.

Así coincidieron representantes de gremios periodísticos, quienes han advertido que la decisión del TE no solo deja sin opciones a los panameños de conocer la evaluación del Gobierno, sino que también que se convierte en un atentado contra la libertad de expresión.

La presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), Blanca Gómez, manifestó que deben haber permisos para que las personas puedan estar informadas desde todos los ángulos, y ser consecuentes con los discursos en los que "por un lado dicen actuar con transparencia y actuar en esa dirección, pero también practicar lo que dicen".

"Restringir el acceso a Ipsos, que ya es una empresa que ha estado aquí en Panamá emitiendo encuestas, no es perjudicial, máxime cuando este periodo no es electoral y tampoco es época oficial de elecciones", señaló.

Gómez sostuvo que ya en Panamá hay empresas ofreciendo ese mismo servicio y no se trata de monopolizar, pues existen leyes contra estas acciones.

"Es un mensaje nada positivo en un Estado democrático como el que tenemos", destacó.

A su vez, el presidente del Sindicato de Periodistas de Panamá, Filemón Medina, opinó que el Tribunal Electoral no puede tomar decisiones por encima de los convenios internacionales en materia de libertad de expresión y libre acceso a la información, de los que Panamá ha suscrito leyes como la que crea la Oficina de Transparencia.'

Claves

1 empresa es la que realiza encuestas de mercado en el país actualmente.

3 magistrados integran el Tribunal Electoral, los cuales certifican permisos para las encuestadoras.

"Le estás negando a la población el derecho a informarse, pues a través de las encuestas de opinión se da cuenta de cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a algún funcionario", afirmó.

Medina señaló que no existe una ley que impida a una empresa encuestadora publicar, y negar ese derecho puede interpretarse como que existe una persecución hacia determinados medios de comunicación.

"Contra medios que son de oposición al Gobierno, y es peligroso dejar entrever cosas como esas", lamentó Medina, al señalar que en medio de estas disputas quedan los profesionales de la comunicación.

Y es que, anteriormente, los medios de Epasa han criticado el nepotismo de los magistrados Erasmo Pinilla (quien cumplió su mandato en diciembre pasado) y el actual magistrado Eduardo Valdés Escoffery.

También se ha cuestionado la intención de los magistrados de introducir artículos en contra de los medios de comunicación en la discusión de las pasadas reformas electorales, en las que se pretendía imponer sanciones severas.

El analista político José Isabel Blandón sostuvo que los magistrados del Tribunal Electoral no están facultados para impedir que una empresa como Ipsos haga investigaciones.

"Las normas que están puestas son solo para comunicación, para que ellos se enteren", advirtió.

Según Blandón, el TE tomó una decisión de restarle a la población la capacidad de tener otra alternativa de información, lo cual es una violación a los derechos fundamentales de las personas.

"¿Qué han dicho los partidos políticos de esto?", se preguntó el analista político. "Esto es una violación a la libertad de expresión, la más sagrada después de la vida, porque ustedes tienen derecho a estar informados", añadió.

Por su parte, la presidenta del Conape indicó que "aquí no se puede estar manipulando" y el TE tiene que examinar bien su decisión y decirle al país cuáles son las razones reales de su negativa, pues los términos utilizados no caben.

"No estamos ante decisiones que puedan tomarse unilateralmente", apuntó.

No obstante, el Tribunal Electoral alegó que la empresa Ipsos TMG Panamá S.A. no cuenta con solvencia financiera para realizar encuestas en Panamá, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 210 del Código Electoral.

Aunque, los encargados de la empresa Ipsos en Panamá han planteado que solicitarán una explicación más amplia de parte del Tribunal Electoral, ya que no se brindaron mayores detalles de por qué se estarían negando los permisos para realizar sondeos entre los panameños.