J.C. Varela coacciona para que involucren a Martinelli

El Ministerio Público, en contubernio con el Órgano Ejecutivo, está usando todas las influencias e interferencias para coaccionar a las personas que han sido indagadas en las denuncias contra exfuncionarios del pasado gobierno, para que cambien sus declaraciones e involucren directamente al expresidente Ricardo Martinelli.

En una conferencia de prensa, Martinelli, junto con un grupo de abogados, denunció que este tipo de irregularidad se ha dado en el caso del exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli, “quien fue amenazado por la fiscal Lizzett Chevalier y por el señor David Garay, y me cuentan también que el señor Saltarín tiene que ver con todo esto para que cambiara las declaraciones, me acusara a mí directamente y acusara a Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio para que de esta manera el expediente que se estaba llevando sobre el caso del PAN y las comidas deshidratadas nos involucrara a nosotros cuando no teníamos nada que ver”, destacó el exmandatario.

Quiero decir con certeza que lo mismo están haciendo con Rafael Guardia y otras personas; igual están haciendo con Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, es una clara injerencia del presidente Juan Carlos Varela, con el Plan Varela, de interferir de una manera u otra para amenazar y coaccionar so pena de que las personas no digan lo que quieran, los van a mandar a La Joya, resaltó Martinelli.

El expresidente hizo pública su preocupación, porque se están violando los debidos procesos, la ley. Agregó que ante esta situación va a denunciar en todos los países del mundo el formato que quiere implantar Juan Carlos Varela en Panamá.

Destacó que la coacción, las amenazas, la forma de manipulación de información que hizo la fiscal Chevalier junto con Garay son cosas que le preocupan mucho, y por ello un equipo de abogados estará presentando una demanda civil y penal contra ellos, y de comprobarse que Rogelio Saltarín tiene algo que ver, también será demandado.

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"Yo estoy esperando que vengan contra mí en cualquier momento"

A cualquier persona le pueden cocinar los expedientes so pena de que los involucren, manifestó Martinelli. Indicó que si esta situación se está dando con él que es un empresario reconocido, peores cosas se podrían dar con un ciudadano que no tenga cómo defenderse.

La actual procuradora general de la nación, Kenia Porcell, laboró por seis meses como asesora del Consejo de Seguridad, en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, quien luego la designó en el cargo que desempeña.

Ante esta irregularidad, el abogado Sidney Sittón afirmó que el expediente contra el expresidente Martinelli que está en la Corte Suprema de Justicia debe ser declarado nulo, porque se sustentan en amenazas y coacciones.

Las declaraciones de Tamburrelli fueron la base para que la exfiscal segunda anticorrupción Lizzett Chevalier remitiera copia del expediente a la Corte para que fuese investigado Ricardo Martinelli.

El documento hecho público ayer es un recurso de objeción que presentará el abogado Gonzalo Moncada Luna ante la nueva fiscal segunda anticorrupción, Vielka Broce de Birne, para denunciar que su cliente fue coaccionado y amenazado por la antecesora de este despacho de instrucción.

Sittón indicó que dicho documento es prueba para que los magistrados de la Corte comprueben que se violó la Constitución y el Código Judicial y por ende decreten la nulidad del proceso.

El documento revela que Chevalier obligó a Tamburrelli a incriminar a Ricardo Martinelli en su indagatoria, en las investigaciones por la compra de la comida deshidratada, o de lo contrario sería trasladado a La Gran Joya.

“Se suscitaron distintas irregularidades que vulneraron los derechos y garantías procesales de nuestro defendido, actuaciones que también constituyeron un irrespeto”, agregó Moncada Luna.

Las revelaciones de este documento dan cuenta de que existe “una cadena de coacciones y amenazas”, dijo Martinelli, y esta es dirigida por el Ejecutivo a través del Plan Varela.

“Si no hubiesen presiones ni amenazas de Varela en el sistema judicial, me quitaría la inmunidad”, destacó Martinelli. El exmandatario tiene inmunidad por ser parlamentario centroamericano.

Y es que el exjefe del Ejecutivo descubrió que en este caso y los demás procesos que se siguen a los exfuncionarios de su gobierno está la mano del presidente Juan Carlos Varela.

Martinelli planteó que con el Plan Varela se busca acallar la voz de la oposición, el cual es ejecutado por el abogado Rogelio Saltarín, representante legal del mandatario y quien sirve de puente entre el Gobierno y el Ministerio Público.

Alma Cortés, subsecretaria general del partido Cambio Democrático, dijo que se presentarán denuncias civiles y penales en contra de la exfiscal Lizzett Chevalier y del secretario judicial.

“Lizzett Chevalier, directamente, amenazó a su cliente para que este implicara lo suficientemente a personas que ella consideraba responsables en este supuesto delito de la comida deshidratada, ¿un expresidente de la República?”, dice el documento.

“Varela está manipulando los expedientes que se han levantado en el Ministerio Público a través de su abogado Rogelio Saltarín”, destacó Martinelli.

El exmandatario también dijo que va a denunciar en todos los países del mundo las acciones violatorias al sistema judicial que está realizando el presidente Varela, “para que sepan el formato de dictadura” que se está armando en Panamá con el levantamiento de expedientes falsos y amañados.

En horas de la mañana, Martinelli denunció en la cadena CNN que Varela se ha enfocado en imprimir el miedo entre sus opositores.

“Varela ha decidido no continuar con el sendero de crecimiento y está enfocado en una cacería de brujas”, dijo Martinelli, al destacar que desde que su sucesor ocupó la silla presidencial se han estancado las inversiones públicas y privadas en el país.

“Yo estoy esperando que vengan contra mí en cualquier momento”, fue la reacción del exmandatario ante el anuncio de que hay intenciones de levantar un proceso penal en su contra a través de la Corte.

Hábeas corpus es estudiado por magistrados del pleno de la Corte

Los recursos de hábeas corpus en favor de los exdirectores del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez tienen como magistrado ponente a Hernán De León, quien procedió a correr traslado a los ocho magistrados que analizan los documentos.

Una fuente judicial reveló que se espera que para la próxima semana en la sesión del Pleno se discuta este tema.

El hábeas corpus fue presentado por los abogados de estos imputados por considerar que la detención preventiva contra ellos es ilegal.

Hermetismo y sorpresa en traslado de Garuz y Pérez hacia La Gran Joya

Los dos exsecretarios del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz y Gustavo Pérez recibieron un nuevo revés en su situación judicial.

Ambos fueron sacados de la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), donde permanecían detenidos preventivamente, para ser trasladados a La Gran Joya; la movilización se dio bajo estrictas medidas de seguridad.

Hermetismo y sorpresa, así calificó el abogado Cristóbal Arboleda estos traslados, debido a que se enteró de la medida en los medios de comunicación.

También destacó que hubo hermetismo porque cuando intentó conversar con el director de la DIJ, Marcos Córdoba, este no quiso atenderlo.

A juicio de Arboleda, esta acción constituye una violación al Código Judicial y al Código Penal, por lo que se evalúa interponer una denuncia penal por abuso de autoridad contra los funcionarios que resulten responsables.

Mientras eso ocurría, Iván Pérez denunciaba el hecho de que su hermano, Gustavo Pérez, era objeto de violación de los derechos humanos por parte de quienes fueron sus subalternos en los primeros tres años del gobierno de Ricardo Martinelli, cuando era director de la Policía Nacional.

A Gustavo Pérez, durante su estadía en la DIJ, lo mantuvieron esposado de manos y pies, no se le permitía cambiarse de ropa desde el lunes que se dio su detención, denunció su hermano.

Comenta Iván Pérez que a ello se suman los insultos de los que ha sido objeto su hermano por parte de unidades policiales que estuvieron resentidas por la disciplina que Gustavo Pérez implantó en la Policía Nacional.

Para Arboleda, el hecho de que la Corte haya admitido el hábeas corpus obligaba al Ministerio Público a no disponer del traslado sin autorización judicial.

Formulan cargos por armas contra Gustavo Pérez

El abogado Armando Fuentes reveló que a su cliente Gustavo Pérez se le ha formulado cargos por la posesión de armas de guerra.

Denunció que el Ministerio Público pretendía practicarle la diligencia indagatoria por este expediente en horas de la noche sin la presencia de su abogado.

Esta acción fue denunciada por Fuentes como una violación al debido proceso.

Otras de las quejas consisten en violaciones a la reserva del sumario, ya que antes de que se conociera formalmente de los cargos por posesión de armas de fuego contra Pérez, el secretario general del Ministerio Público, Rolando Rodríguez, anunciaba en los medios los detalles de este caso.

Rodríguez reveló en canales de televisión que a Pérez y Garuz se les había encontrado armas de guerra en los allanamientos realizados en la madrugada.

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