Gastos por $331 millones en reparar daños por desastres

El velo de la noche arropaba con su manto la comunidad de Las Nubes, en el distrito de Bugaba, cuando el 18 de agosto la vorágine del río Chiriquí Viejo sorprendió a los moradores y dejó a muchos atrapados en sus hogares.

La falta de prevención y de reacción de los habitantes, así como la poca fiscalización en las construcciones en las márgenes de los afluentes, son el reflejo de las debilidades que demuestran que como país, aunque preparado para reaccionar ante desastres, nos hace falta ser más proactivos en gestión y prevención de riesgo, sobre todo en capacitación comunitaria.

En materia de respuestas frente a desastres, Panamá, a nivel de Centroamérica, es conocido como uno de los países mejor capacitados para reaccionar ante cualquier emergencia; no obstante, es el segundo en Latinoamérica con mayor número de muertes por descargas atmosféricas.

En la actualidad, no escapa de ser altamente vulnerable a eventos geofísicos, hidrometeorológicos y hasta de origen antrópico.

Un análisis que desde hace más de dos años realiza Carlos Gordón, consultor en sistema de información geográfica, junto a un equipo de profesionales, utilizando la base de datos de Desinventar (registro de todos los desastres ocurridos en el país entre 1990 y 2013), reflejó que a lo largo de este periodo, los corregimientos de Juan Díaz y Tocumen presentan mayores afectaciones, la mayoría por inundaciones, además de deslizamientos.

Le sigue el corregimiento de Guabito, en la cuenca del río Changuinola.

Este estudio, que tiene como finalidad la generación de una línea de base sobre desastres en Panamá para que sirva de referencia a los tomadores de decisiones, de tal manera que enfoquen sus políticas públicas hacia mejores mecanismos de gestión, también reveló que los eventos han dejado un saldo de alrededor de 339 muertes (ver infografía).

En los 12 primeros años de análisis (1990 a 2001), se suscitaron en promedio 1,334 desastres naturales (111 por año), con un total de 194,276 personas (16,189 anual) y 39,457 viviendas (3,235 por año) afectadas.

Mientras, al comparar los siguientes 12 años (2002-2013), los sucesos fueron de menor incidencia, pero se empieza a notar un incremento en el número de afectaciones.

En este periodo, se registraron 1,302 eventos (108 al año), con 314,421 personas (26,201 anual) y 61,274 viviendas (5,106 por año) perjudicadas.

Entre el 60% y 62% de las casas y familias afectadas corresponden a áreas rurales, un 22% a la zona metropolitana y 14% se ubica en las comarcas y territorios indígenas.

Al entrar en el tema del impacto económico, en los últimos 10 años, el Estado ha invertido $331.03 millones.

Solo en los eventos de La Purísima, en 2010, se invirtieron $149.3 millones, y en 2012 se emplearon $123 millones para las reparaciones provocadas por las inundaciones en las provincias de Colón, Coclé y Panamá, empleándose 1.4% y 0.85% del presupuesto nacional en estos dos años, que fueron de $10.5 miles de millones y $14.5 miles de millones, respectivamente.

A estas cifras hay que sumarles el estimado de $2.4 millones por la relocalización de casi 28,000 personas de comunidades de Guna Yala, debido al aumento del nivel del mar en los próximos años.

Lo notable de esto para Gordón es que el país de alguna forma absorbe esos costos.

Es como una esponja que acumula agua, pero que en algún momento puede llegar a no ser sostenible, acotó, por lo que hay que actuar hacia la búsqueda de mecanismos de ordenamiento que eviten esos sucesos, sobre todo en la cuenca del río Juan Díaz, zona de impacto por desastres naturales.

Según el informe, en el área metropolitana, entre 1993 y 1996 se dieron más afectaciones, seguido del periodo de 2002-2005 y luego, aunque en menor escala, 2007-2009 y 2011-2013, lo que ha dejado un total de 105,476 personas y 22,263 viviendas afectadas.

Prevención

La mayor vulnerabilidad del país es el desconocimiento de la población y el crecimiento acelerado, comentó Jorge Rodríguez Chérigo, consultor independiente que ha trabajado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A su juicio, la población debe pasar de una actitud reactiva a proactiva, porque son los que intervienen en las áreas, modifican la naturaleza, lanzan basura a los ríos, no canalizan las aguas, y al final les toca a las autoridades tratar de reaccionar y aumentar sus capacidades de respuesta.

José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), manifestó que a pesar de que muchos dicen que Panamá está preparado, falta mucho por hacer en materia de gestión y prevención de riesgo, ya que en los últimos años solo se han enfocado en la capacidad de respuesta y no en capacitar a la población en como reaccionar ante un evento.

En los planes del Sinaproc está trabajar 80% con las comunidades en gestión integral de riesgo a través de Gobiernos locales y grupos comunitarios.

En la zona metropolitana, hay lugares que han crecido vertiginosamente, pero el crecimiento no está al mismo nivel en cuanto a la seguridad en las construcciones.

Se ha quedado desfasada y se tienen nuevas amenazas y zonas identificadas como vulnerables, puntualizó Donderis.

Como país, consideró que se han quedado sin capacidad de supervisión sobre algunas megaobras y tampoco se tienen todos los recursos necesarios para atender emergencias complejas, pese a que se tiene un plan de ordenamiento territorial.

Seguridad

Ante los riesgos de un desastre natural, en especial de sismos, en Panamá, recientes estudios de sismología han determinado la existencia de fallas activas capaces de generar eventos de magnitudes iguales o mayores a 7 grados, lo que trae al tapete el tema de seguridad en las construcciones.

La población en general que construye y deforesta sin controles ni orientación y sin conocimientos técnicos hace que los riesgos se agraven, sostiene la arquitecta Lourdes Alvarado, miembro de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia).

Agregó que se requiere una autoridad más estricta y más difusión del conocimiento de los riesgos para que la comunidad sea partícipe de la prevención.

Reconoce que en la construcción legal se aplican los códigos estructurales aprobados por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Actualmente, la comisión estructural afina el código para ajustarlo a esos nuevos retos que plantean los posibles riesgos.

A su juicio, el problema está en que efectivamente se aplique lo exigido por ley, puesto que hay quienes violan las normas y nos ponen en peligro.

Alvarado resaltó la importancia de fiscalizar la idoneidad del profesional responsable y de ser estricta la supervisión de la construcción, lo que se hace urgente por las probabilidades de eventos que puedan producir desastres.

El mayor Espírito De Frías, del Cuerpo de Bomberos, señaló que la norma NFPA 101 establece, dependiendo de la capacidad de ocupación, medios de egresos, señalizaciones de rutas de evacuación y sistemas de alarma para edificaciones.

Contó que al realizar las supervisiones en los proyectos, la mayor parte están cumpliendo con esos requisitos, pero todavía hay que hacer ciertas adecuaciones a la norma para que se cumplan al 100%.