Asamblea Nacional se resiste a discutir leyes contra el crimen

Las tácticas dilatorias la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, tales como el nombramiento de una subcomisión para analizar el proyecto de ley 514, sobre la imprescriptibilidad del delito de corrupción contra la administración pública, es producto de una práctica que lleva muchos años.

Muestra de ello es una propuesta que data de varios años y que fue presentada por diferentes actores, pero se encuentra engavetada en la Asamblea Nacional (AN), a pesar de que busca reglamentar la extinción de dominio de bienes de origen ilícito.

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Se trata de una norma que daría mayor eficacia a la aplicación de la ley en la lucha contra los delitos del crimen organizado.

Sin embargo, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, presidida por el panameñista Carlos Santana, no hay indicios de querer recibir el anteproyecto 30 del 25 de agosto de 2015, que regula el decomiso de bienes obtenidos a través del narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo, enriquecimiento injustificado, enriquecimiento ilícito, delitos contra la administración pública y todas aquellas actividades ilícitas que generen beneficio económico, realizadas de manera individual, colectiva o a través de grupos delictivos.

La extinción de dominio es un instrumento jurídico, autónomo e independiente, dirigido contra los bienes de origen o destino ilícito, sin desconocer el derecho a la propiedad que toda persona tiene y del cual nadie puede ser privado autónomamente, ya que aquellos bienes adquiridos con capital ilícito no son legítimos ni pueden gozar de protección constitucional ni legal.

Los bienes afectados en el proceso de extinción de dominio no se legitiman por causa de muerte.'

Claves

2 propuestas para la extinción de bienes ilícitos se han presentado en los últimos 3 años.

5 países de la región  presentaron avances en la persecución del delito con extinción de bienes.

De aprobarse una norma de este tipo, "se procederá sobre los bienes que forman parte de la masa hereditaria o bienes adjudicados en virtud de procesos sucesorios, cuando corresponda a cualquiera de los eventos previstos en el artículo 6 de la presente ley", según el proyecto.

Además, la acción de extinción de dominio se extiende contra los bienes de las personas, aún cuando estas hubiesen fallecido y no se haya dado apertura al juicio de sucesión.

Contar con una propuesta de este tipo permitiría al país ponerse a la par de naciones como Colombia, Estados Unidos, Holanda, México, Guatemala y Costa Rica, este último, donde se debate una propuesta de este tipo, y trabajan en la eficacia del combate contra la corrupción y otros delitos del crimen organizado.

Estancamiento

No obstante, el proyecto de ley no ha sido prioridad para los diputados, pese a que el anterior presidente de la Comisión de Gobierno, Quibián Panay, aseguró que este documento tendría una consulta amplia para que puedan aportar sus opiniones los diversos sectores involucrados en el tema.

Si bien esta iniciativa data del 2015, ya en el 2014 se había presentado una propuesta similar, por parte de la entonces procuradora general, Ana Belfon.

La exfuncionaria explicó que las actividades ilícitas como narcotráfico, secuestros, lavado de activos, corrupción, homicidio por encargo, delitos financieros y crimen organizado generan sumas exorbitantes de dineros y bienes.

No obstante, "estas actividades producen dineros, bienes y patrimonios no declarados, lo que hace imposible que el Estado pueda de manera inmediata recuperarlos, incautar u ordenar el decomiso".

Incluso se genera un vacío legal que permite proteger estos patrimonios con argumentos legales, tecnicismos jurídicos, traspasos a familiares o sociedades.

También el embajador de Italia en Panamá, Marcello Apicella, explicó sobre la experiencia con este tema y la base por la cual participa en la jurisdicción especial de extinción de dominio.

"Solo en el sistema informático hay que actualizar, ya que será la manera de investigar toda la vida de los bienes incautados a las mafias", dijo el diplomático.

En el 2015, diversas instituciones participaron en la preparación y formación de 80 funcionarios para trabajar en el marco legal que regula el procedimiento para la aplicación de la acción de extinción de dominio.

La última proponente de este anteproyecto, Ana Matilde Gómez, indicó que este se encuentra engavetado porque los presidentes de la comisión son los que organizan las reuniones y el orden del día, por lo tanto, las bancadas les dan debate a sus prioridades.

Agrega que con esta norma se estaría golpeando al crimen en lo que más le duele: las ganancias.