Presiones externas afectan respeto al debido proceso
Según el abogado Alejandro Pérez, ‘se han creado equipos’ para perseguir y encarcelar a Martinelli, en complicidad con la Corte Suprema de Justicia. Carlos Carrillo, del equipo legal del exmandatario, afirmó que se ha vendido la idea de que se quiere una condena sin que haya debido proceso.
- Redacción/@panamaamerica
- - Actualizado: 03/2/2015 - 07:03 am
- 2 meses es el plazo que establece la ley para los procesos en contra de diputados del Parlacen.
En el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el expresidente Ricardo Martinelli, hay “ignorancia inexcusable” de los magistrados con respecto a cómo funciona el Sistema Penal Acusatorio.
“Pero además, hay una evidente mala intención y conspiración contra Martinelli”, denunció Alejandro Pérez.
El abogado, quien forma parte del equipo legal del exmandatario, recordó que el artículo 143 del Código Penal establece que a ninguna persona con fuero electoral se le puede iniciar un proceso sin que el Tribunal Electoral (TE) le levante dicho fuero.
“Pero aquí han puesto la carreta antes que los bueyes”, indicó Pérez, en alusión a que ya se investiga a una persona con estas prerrogativas (Ricardo Martinelli) sin haber cumplido con el mandato de la ley que establece que, previamente, se debió pedir el levantamiento de la inmunidad electoral... algo que a la fecha sigue sin formalizarse.
Por su parte, el abogado Carlos Carrillo Gomila expresó que jueces y fiscales están siendo objeto de presión por parte de intereses, porque se ha vendido la idea de que se quiere una condena sin que se haya seguido un debido proceso.
Según el jurista, a Martinelli no se le trata con uniformidad y hay factores externos que están influyendo en decisiones judiciales.
“Si ya se ha hecho una condena, para qué vamos a abrir un proceso”, manifestó Carrillo Gomila.
Agregó que “todos tenemos que ser iguales ante la ley y tenemos derecho a defendernos y eso no se está dando”.
Carrillo Gomila indicó que hay dos situaciones que deben ser tomadas en cuenta, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de admitir una denuncia contra Martinelli.
La primera tiene que ver con el fuero electoral, del cual debió solicitarse el levantamiento antes de admitir la denuncia, y la otra, en torno al estatus de diputado del Parlacen, por el cual, debe ser el organismo regional el que defina el despojo de ese beneficio.
Carrillo Gomila fue categórico al indicar que la defensa de Martinelli usará todos sus recursos para defender los derechos al debido proceso.
Notificación personal
Además de las violaciones al debido proceso, las garantías procesales, presunción de inocencia, reserva del sumario y al hecho de que el Sistema Penal Acusatorio solo permite investigación en estos casos por querella o denuncia, “nuestra amañada justicia también debe recordar que la notificación de levantamiento de fuero electoral debe ser personalmente”, advierte el abogado Alejandro Pérez.
En efecto, el decreto 19 del TE, de 10 de diciembre de 2013, que reglamenta el levantamiento de fueros, en su artículo 12 dice: “Se le notificará personalmente a la parte afectada, de conformidad con las normas del Código Electoral, y se correrá traslado al aforado por el término de dos días hábiles para que el mismo presente las consideraciones que estime pertinentes” (ver imagen).
“Nada de esto se ha hecho, pero desde diciembre la Corte ya está investigando. Peor aún, al día de hoy, ni siquiera ha notificado a los abogados del inicio de la investigación”, expresó Pérez.
El linchamiento mediático vs. la negación de información a juristas
El supuesto clamor de justicia popular es una herramienta subjetiva que se está utilizando para esconder lo que realmente está ocurriendo en Panamá, “y es que un sector político está pasando factura”, explicó Neftalí Jaén, exfiscal auxiliar.
Según el abogado penalista, la mayoría de la población no está pendiente ni inmersa en los detalles concretos de las investigaciones. “Pero lo que sí hay es un linchamiento mediático y juicios establecidos en los medios para que la gente acuda a las plazas y grite crucifíquenlo”, indicó Jaén, en tono figurativo.
Lo irónico de esto -agregó la abogada Edna Ramos- es que, mientras en los medios aparentemente hay amplitud de información, en la práctica del derecho a la defensa, el Ministerio Público niega irreverentemente el acceso al expediente a diversos abogados que acuden a la Fiscalía Anticorrupción. “Y lo más triste es que los funcionarios nos dicen: ¡hagan lo que quieran!”, denunció Ramos.
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