Cuestionan actuación de titular de Ambiente

La contratación directa del bufete Tejada Abogados para atender denuncias y temas penales en el Ministerio de Ambiente, cuando hay un equipo legal ya constituido, no solo es un acto de doble moral que genera conflicto de intereses, sino también otra prueba de la falta de transparencia que impera en el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela.

Así concluyen juristas y críticos de la gestión del presidente al referirse a este caso y plantearon que no sería la primera vez que una funcionaria como la ministra Mirei Endara falla en contratar empresas ligadas a las agrupaciones que han pertenecido, como en este caso el Movimiento de Independientes de Panamá (Movin), de donde procede el ex defensor del pueblo y dueño del bufete contratado, Juan Antonio Tejada.

El solo hecho de haber contratado de forma directa por un monto de 176 mil 550 dólares al bufete demostraría que se trata de una práctica avalada por el Ejecutivo, señaló el abogado Miguel Antonio Bernal.

Bernal explicó que estas prácticas para nada contribuyen a la transparencia y la rendición de cuentas, y mucho menos al profesionalismo de los abogados.

"Yo no entiendo cómo la señora Mirei se ha prestado para esto", afirmó.

El jurista planteó que esta contratación amerita una investigación por parte del Ministerio Público, al igual que en otras instituciones donde se cometen este tipo de faltas.

Sobre este tema, el abogado Ernesto Cedeño opina que "resulta inadmisible que un funcionario con mando y jurisdicción contrate con fondos públicos a un abogado para que lo defienda en lo penal".'

Gobierno ha fallado a promesa de transparencia durante su gestión

Las denuncias de nepotismo, los casos penales contra panameñistas y los contratos otorgados a empresas del mayor donante de campaña del presidente Juan Carlos Varela han demostrado que el Gobierno ha fallado constantemente a la transparencia.

Solo a inicios de la gestión del presidente pudo conocerse que unos 14 familiares de Varela dentro del Gobierno le representan al Estado más de 102 mil 245 dólares en salarios y otras prestaciones laborales al mes, cerca de 1.3 millones de dólares en un año.

Este ejemplo de nepotismo del presidente se extendió a lo largo de las distintas carteras, tales como Gobierno y Trabajo, sin embargo, lo más cuestionado ha sido cómo funcionarios de alto mando han debido salir del engranaje gubernamental por escándalos de corrupción sin ser investigados.

Tal es el caso de Grimaldo Córdoba, quien ejerció la profesión de médico sin tener idoneidad; el caso del exalcade Bosco Vallarino quien apareció en un video recibiendo coimas, entre otros.

En este sentido, el dirigente del Frente Amplio por la Democracia, Fernando Cebamanos, sostuvo que esta situación demuestra que lo criticado en campaña electoral es lo que viene haciendo el Gobierno hoy en día.

"Arbitrariamente hacen gastos fluctuosos porque tienen abogados pagados y no tiene sentido; tiene que haber una sustentación y por lo visto no lo es, queriendo beneficiar a la firma de una persona, lo que corresponde a un acto de corrupción", destacó.

Y es que en el informe técnico del contrato, la ministra Endara declaró que hay 13 abogados especialistas en Derecho Administrativo, y los trámites que manejan dificultan la atención de los 12 casos penales por los que fue contratado Tejada Abogados.

Sin embargo, Cebamanos señaló que no puede salirse con una explicación de ese tipo porque hacer esa afirmación no resuelve el tema de transparencia.

Anteriormente, la ministra Endara fue cuestionada por la compra de una propiedad valorada en 700 mil dólares, la cual no aclaró.

Incluso, la ministra en 2015 adquirió un auto último modelo marca Honda por un costo de 60 mil dólares, en una empresa de la que su esposo, Miguel Heras, es socio.

Solo el pasado 7 de abril, la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró en desacato a la ministra de Ambiente.

La Corte sancionó con una multa de 100 dólares a Endara por no entregar copia autenticada de un expediente relacionado con una demanda de nulidad contra el estudio de impacto ambiental para la explotación de una cantera en Veracruz, distrito de Arraiján.