Con o sin receta

Con o sin receta médica. Ya antes de la entrada en vigencia la totalidad de la Ley 1 de Medicamentos, la confusión reina en la ciudadanía. Hay incluso, a quienes en las farmacias privadas se les ha negado hasta una simple vitapirena, por no presentar una receta médica.
Mientras unos argumentan que todo se debe a la falta de información, hay otros que se atreven a señalar que es parte de una acción en contra de la Ley 1.
La Ley 1, aprobada el 10 de enero de 2001, entró en vigencia en su totalidad el jueves 12 de julio, y en su artículo 90 se refiere a la clasificación de los productos farmacéuticos, en cuya regulación trabajó en los últimos meses el Ministerio de Salud (MINSA).
No obstante, aunque el artículo es claro al señalar que todos los medicamentos requieren receta médica, hay sectores que sostienen que esto encarecerá la industria y hará el mercado panameño menos competitivo.
El ministro de Salud, Fernando Gracia, dijo que aunque la Ley 1 es muy rígida sobre el tema, en la primera fase de reglamentación de la ley promulgada en la Gaceta Oficial de anteayer, ese punto se ha flexibilizado, con la intención de que no violente los preceptos contenidos en la ley.
Señaló, que los medicamentos populares “van a seguirse comprando sin receta médica siempre que esté un farmacéutico idóneo laborando en la farmacia, todo ello pensando que el paciente se proteja y no tome medicamentos de forma indiscriminada”, explicó Gracia.
El jefe de Salud dijo que se debe entender como medicamentos populares aquellos indicados para el resfriado, la diarrea, el dolor, la fiebre o para la tos.
El artículo 339 del Decreto Ejecutivo N° 178, del 12 de julio de 2001, por el cual se reglamenta la Ley 1 de Medicamentos, señala que los medicamentos que deben venderse con receta médica son los antibióticos no tópicos, psicotrópicos, estupefacientes, los abortivos y aquellos productos que pudieran mal utilizarse para tal fin; todos los que indiquen “venta bajo receta médica” o frase similar dispensadas en farmacias por personal no farmacéutico.
Ante la posibilidad de que en las farmacias privadas se solicite receta médica a productos que no lo requieran, el ministro Gracia señaló que esa es una posición individual e unilateral, y que posiblemente se trata de una confusión, dado que la ley entró en vigencia hace tres días y su reglamentación se promulgó sólo este viernes.
Sobre el tema, René Luciani, de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC) indicó que alguien está manejando mal la información en el país, por lo que consideró que el MINSA debe informar debidamente a los consumidores. Advirtió que dentro del mercado hay algunos agentes que por una u otra razón parecieran que quieren descalificar las bondades de la ley de medicamentos, acción que consideró irresponsable.
Por su parte, Inocencio Galindo, de la Asociación de Representantes y Distribuidores de Medicamentos (AREDIS) señaló que se ha guardado cierto hermetismo con respecto a la reglamentación de la ley, por lo que ellos no saben con certeza cómo han quedado algunos artículos.
ANTE EL DESABASTECIMIENTO
Hace unas semanas miembros de la AREDIS dieron a conocer por este medio una lista de 125 medicamentos que escasearían debido a que eran importados a un costo superior a los precios tope establecidos en la Ley 1.
Al respecto, el comisionado Luciani indicó que la misma ley en su artículo 105 les da a los distribuidores el derecho a solicitarle a la institución una revisión de los precios tope de cualquier medicamento que comercialicen. Señaló, que los precios tope no están grabados en piedra y lo que sucede es que los distribuidores no han empleado los mecanismos que les provee la ley, pues en la CLICAC sólo han recibido unas 54 solicitudes de revisión, las que actualmente se están estudiando.
Sobre este tema Marciaq Altafulla, director de los Servicios y Prestaciones de la Caja de Seguro Social, dijo que el precio tope de los medicamentos es una medida transitoria, con lo que la oferta y demanda “tienen que llegar a un nivel razonable y que no haya una ganancia excesiva, que era lo que estaba sucediendo”. Altafulla afirmó que no quiere decir que todos los distribuidores estaban en esa situación, no obstante, reconoció que existe un oligopolio porque el mercado de distribución está manejado por un pequeño grupo de proveedores.
Por su parte, Inocencio Galindo manifestó que a la CLICAC se han presentado más de 54 solicitudes de revisión de precios, pero se rechazan porque se pide una infinidad de información que algunos distribuidores no han podido presentar. Criticó que la institución no trabaje con la celeridad que se debe.
En tanto, para el comisionado Luciani el desabastecimiento se debe a una estrategia comercial y no a que no exista la posibilidad de revisión de los precios.
Cabe destacar, que para que los distribuidores puedan hacer valer su derecho deben presentar a la CLICAC una serie de documentos en donde se sustente que efectivamente el costo de importación al país es más alto al del 1 de octubre de 1999. Entre estos documentos está una declaración de costo, registro sanitario, liquidación de aduanas, factura comercial, factura de corredor de aduanas y detalle de costo anterior. Luego de presentada la documentación, la CLICAC hará un análisis y recomendará al Organo Ejecutivo, en un plazo no mayor de 45 días luego de presentada la solicitud, que se considere una revisión al precio de referencia tope preestablecido.
MEDICAMENTOS IGUALES, PERO CON OTROS NOMBRES
Consultado si era cierto que se están introduciendo al país medicamentos desabastecidos con otros nombres, Inocencio Galindo, gerente general de IMPA-DOEL, dijo que sí se da el caso, pero en productos que poseen una misma sustancia activa, como por ejemplo con el Tegretol, medicamento utilizado por quienes sufren de convulsiones.
Por su parte, Maritza de Plata, jefa de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, dijo que no tiene ningún reporte de que los productos están cambiando de denominación. No obstante, señaló que la ley permite que los medicamentos sean introducidos con otros nombres al país, siempre y cuando se presente un certificado de libre venta del país exportador y una fórmula cualicuantitativa que concuerde exactamente con el producto anterior. Señaló que actualmente en su despacho no tienen mucha demanda de este tipo de casos.
No obstante, el director nacional de Salud, Esteban Morales, afirmó el martes en conferencia de prensa, que un lote de 2 millones de pastillas del supuesto antibiótico Aposulfatrin, importado desde Canadá y producido por Apotex, no correspondía al que detallaban los documentos de Aduanas. Morales dijo que el caso se trata de un fraude cometido por la farmacéutica Apotex y no por un acto de corrupción de las autoridades del Ministerio de Salud.
La droga fue retirada de las bodegas de la CSS por funcionarios de Farmacias y Drogas y se determinó que no se trataba de Aposulfatrin, sino de Apo-pro, medicamento que no tiene registro sanitario en el país.
UN LARGO TRECHO POR CAMBIAR
Todo parece indicar que en el tema de los medicamentos todavía queda un largo trecho por caminar.
Para el director de los Servicios y Prestaciones de la Caja de Seguro Social, Dr. Altafulla, la Ley 1 de Medicamentos era necesaria, ya que la compra de esos productos que son vitales para la salud de la población estaban sujetos a la ley de adquisición general o Ley 56, mientras que la Ley 1 moderniza el sistema y lo pone acorde a lo que sucede en el mundo.
Altafulla indicó que mantener la salud no es un gasto sino una inversión, ya que al tener una población sana se tiene personas aptas para trabajar y por ende más productivas.
En cuanto a la escasez de medicamentos en la Caja de Seguro Social, dijo que con la vigencia la Ley 56, se le permitía a un distribuidor que no estaba satisfecho con un acto de licitación, impugnarlo, paralizando así el proceso de abastecimiento. Señaló que una de las ventajas que ofrece la Ley 1 es que aunque se presente una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, esta medida no paraliza el proceso de abastecimiento.
Altafulla acotó que es cierto que se va a seguir registrando desabastecimiento en ciertos renglones, porque “eso depende de la aptitud que adopten ciertos distribuidores”, pero recalcó, que la nueva ley permite que se pueda conseguir los medicamentos afuera, con la ventaja que ya los procesos no serán tan demorados como se daban antes. Aseguró que posiblemente al inicio de la aplicación de la ley se den algunas dificultades, no obstante, dijo que siempre va a ver gente que va a salir y entrar al mercado.
En cuanto a medicamentos que actualmente escasean en el Seguro, Altafulla señaló que no se puede hablar de un medicamento en sí, porque en las diferentes unidades ejecutoras o policlínicas se trabaja con cierta cantidad de población que tiene una serie de patologías y enfermedades, y una nunca es igual a otra, por lo que en una policlínica puede que haga falta un medicamento y en otra sí exista.
Se estima que llevará dos años aproximadamente, reglamentar en su totalidad la ley de medicamentos. No obstante, el Decreto Ejecutivo N° 178 (la primera fase de reglamentación de la Ley 1) regula además de la venta y presentación de los medicamentos, el registro sanitario, la ley de oferentes, la forma en cómo los médicos van a recetar y el formato de las recetas. Esta parte de la reglamentación tendrá 90 días adicionales para la educación e información de la comunidad, de la prensa, farmacias y distribuidores.
UNA HISTORIA PARECIDA
En algunas zonas de Estados Unidos el tema de los medicamentos está dando casi el mismo giro que en Panamá, según lo detallan Victoria Griffith y Adrian Michaels en un artículo publicado el pasado domingo 8 de julio.
Resulta que ante los altos costos de los medicamentos impuestos por las compañías farmacéuticas, hay muchos ciudadanos que han recurrido, mediante una medida legal que así se los permite, solicitar a sus médicos, asociados en la United Health Alliance, que vía internet les hagan pedidos de sus medicamentos a farmacias en Canadá, en donde los precios resultan ser más baratos.
En respuesta a esta iniciativa, la industria farmacéutica ha montado una feroz batalla legal. Alegan que al obligárseles a bajar los precios no podrían invertir en las investigaciones y el flujo de nuevos medicamentos se estancaría.
En Estados Unidos los precios de los medicamentos no están regulados como en los grandes mercados de Europa y Japón; incluso, con los altos costos de venta a los consumidores estadounidenses, se subvencionan investigaciones que se realizan en otros países, algo que para muchos no es justo. Sólo el año pasado, según un estudio realizado por un grupo de consumidores, el precio de 50 de los medicamentos recetados y más utilizados, subió el doble de su precio.
Otra alternativa a la que se han sumado los de la tercera edad es un paseo mensual en autobús a Canadá que realiza The Council on Aging, en donde los pasajeros aprovechan para recoger las medicinas recetadas.
Otro factor se suma al problema. Resulta que a principios del mes la Federal Trade Comision denunció que las compañías estaban bloqueando ilegalmente la entrada al mercado de medicamentos genéricos a bajo precio.
En las pasadas elecciones tanto Gore como Bush prometieron introducir un beneficio de medicamentos recetados a bajo costo, con el programa de subsidios para las personas de la tercera edad de Medicare. No obstante, ningún beneficio ha pasado al Congreso, por lo que la presión por parte de la sociedad ha ido creciendo.
Así que en estados como Virginia, New Jersey y Miami se han realizado algunas alternativas, que aunque no resuelven del todo el problema, significan un respiro para ciertos sectores, especialmente las personas de la tercera edad y pacientes de escasos recursos que tienen fallas cardíacas, diabetes, asma e hipertensión.
La Ley Maine, aprobada el año pasado, establece que las compañías farmacéuticas deben dar grandes descuentos a medicamentos bajo el programa de Medicaid (pacientes de bajos ingresos), no obstante, el estado quiere que se beneficie a un mayor número de la población. En ese sentido, las compañías que se nieguen a cooperar, serán eliminadas de la lista estatal de productos aprobados en el Medicaid. Otro control que establece esta ley es que si los medicamentos no bajan significativamente para el año 2003, el estado pondrá un tope a los precios.
Ante esto, la ley ya ha recibido ataques por parte de las compañías farmacéuticas, incluso en algunos estados ya han ganado litigios con respecto a la extensión del programa Medicaid a otros sectores de la población.