Caso Mizrachi, 'crónica de una venganza anunciada'
- Jason Morales
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Mayer Mizrachi ha argumentado en todo momento que había cumplido con el contrato firmado con el Gobierno, a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
Mayer Mizrachi ha argumentado en todo momento que había cumplido con el contrato firmado con el Gobierno, a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
El Ministerio Público, a cargo de Kenia Porcell, ha emitido juicios 'a priori' en estos casos. Archivo
Al final, la luz de la justicia se está abriendo paso en el proceso que se le sigue a Mayer Mizrachi.
Y, por otra parte, ha quedado descubierta la constante violación de los fiscales del Ministerio Público a la presunción de inocencia, agentes que, cegados por el interés de persecución y venganza, no vacilan en faltar al debido proceso.
Así reaccionó el comentarista político Juan Carlos Tapia, quien manifestó que la fiscal Tania Sterling, quien instruyó las sumarias del caso, nunca investigó y solo se limitó a mandar una orden de captura a Interpol, que confinó a Mizrachi a pasar seis meses en la cárcel La Picota, en Bogotá, Colombia.
Mizrachi, en todo momento, argumentó que había cumplido con el contrato firmado con el Gobierno, a través de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
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Esta acción quedó demostrada, comentó Tapia, luego de que un peritaje técnico solicitado por la defensa de Mayer Mizrachi lo solicitara, y fue autorizado por el Tribunal de Cuentas.
El informe detalla que el software ofrecido por Mayer Mizrachi estaba a disposición del destinatario, lo que llevó a la Fiscalía de Cuentas a solicitar el cierre del caso, ante la inexistencia de una posible lesión patrimonial.
6
meses detenido estuvo Mayer Mizrachi en Bogotá. Al final, Interpol borró su caso.
"Irvin Halman, si hiciste eso obligado, vas a pagar el precio", advirtió Tapia al administrador de la AIG, quien fue el que interpuso las denuncias contra Mayer Mizrachi, contratando una firma de abogados privada, lo que a juicio del comentarista constituye un delito administrativo, al contar esta entidad con su cuerpo de asesores legales.
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En la parte penal, la audiencia preliminar por este expediente está fijada para el 15 de mayo, en el Juzgado Decimotercero de lo Penal.
La fiscal Sterling está pidiendo el llamamiento a juicio para Mayer Mizrachi y otras cuatro personas, por presunto peculado.
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