Editorial
Vasto legicidio
El inconstitucional decreto que pretende revocar indultos engrana con la serie de legicidios que, en menos de dos meses de ejercicio gubernamental, está destruyendo el ordenamiento jurídico.
- Publicado: 23/8/2014 - 12:00 am
El inconstitucional decreto que pretende revocar indultos engrana con la serie de legicidios que, en menos de dos meses de ejercicio gubernamental, está destruyendo el ordenamiento jurídico. Odio en vez de justicia inspira los desmanes contra la Carta Política y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La depravación de garantías y principios constitucionales, como la presunción de inocencia, el debido proceso, la libertad de pensamiento, la separación de poderes, la derogatoria de leyes orgánicas con simples decretos ejecutivos, forman parte del inicuo rosario de arbitrariedades que si no las atajamos a tiempo, llegarán a deformar la democracia a una dictadura de tipo fascista.
Quienes indagan por el trasfondo de los atropellos al orden jurídico sostienen la hipótesis de que podríamos estar ante un caso de un ego herido. Pero las posibles lesiones a la egolatría no se compaginan con las oportunidades políticas que disfrutó el Partido Panameñista durante el régimen anterior con cargos de vicepresidente, ministros, legisladores, diplomáticos, funcionarios en general.
Como vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela mantuvo la posición hasta el último día del gobierno de Ricardo Martinelli. No concurrió a las sesiones del Gabinete ministerial, pero se respetó su potestad de no hacerlo. Conservó los privilegios inherentes al cargo. Empero no se desataron persecuciones políticas contra los panameñistas al pasar de las filas del gobierno a las filas de la oposición parlamentaria.
La ruptura de alianzas políticas pertenece a la naturaleza de la democracia. No se justifica, sin embargo, que los desacuerdos políticos coyunturales se ventilen indebidamente en trastornos al sistema democrático que, en verdad, embozan venganzas de orden personal.
Las denuncias deben pasar por el tamiz investigativo del Ministerio Público. La fiscalización de la aplicación correcta o incorrecta de los recursos públicos corresponde a la Contraloría, y al Tribunal de Cuentas le es pertinente confirmar los indicios de desgreños y someterlos a las instancias legislativas o judiciales. Esta es la secuencia del debido proceso dentro del contexto constitucional.
Pero se está distorsionando el debido proceso mediante un carnaval de denuncias que parten de la Presidencia de la República y se multiplican y exacerban sus apéndices, a través de ciertos medios de comunicación. Se han creado organizaciones para combatir la corrupción, como si fueran tribunales de justicia. Los linchamientos mediáticos son el pan de cada día.
El espectáculo vergonzoso de la citación a la Asamblea del director de la Caja de Seguro Social, en medio de los gritos de una turba regimentada en los asientos de la galería, puede repetirse cada vez que concurra un funcionario del gobierno de Cambo Democrático. La complacencia del presidente de la Asamblea, elegido con votos del PRD, Adolfo Valderrama, revela que, detrás de los insultos, está la mano del gobierno panameñista.
Por lo que se conoce en los medios de Cambio Democrático y Molirena, estos desbarajustes no los atemorizan, sino que los alistan a defenderse en los tribunales de justicia, con la Constitución en las manos. Si funciona la administración de justicia en este país, las cosas se aclararán dentro del debido proceso establecido por el Código Judicial.
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