Inseguridad jurídica atenta contra proyectos sociales

Programas sociales, subsidios y ayudas comunitarias que ocupan las principales promesas electorales del actual presidente Juan Carlos Varela podrían peligrar si se continúa violando la seguridad jurídica y atentando contra la libre empresa, según líderes empresariales.

“El mejor aliado que puede tener cualquier gobierno para que los planes se den es el sector empresarial. No hay ningún plan social que se pueda dar si el sector empresarial no genera riquezas, desarrollo y crecimiento, porque primero se deben generar riquezas para poder distribuirlas”, explicó Elisa Suárez, presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Suárez informó que la economía nacional está conformada por la inversión privada extranjera que representa un tercio, la inversión privada nacional que es el otro tercio y la inversión estatal que representa el último tercio.

Por esta razón, la empresaria volvió a cuestionar ayer la falta de diálogo entre el Ejecutivo y la empresa privada, la cual representa dos terceras partes del movimiento de la economía.

“Si tenemos políticas sociales que cumplir, también necesitamos políticas económicas que sustenten las sociales”, agregó.

Con esto coincidió la economista y analista de la firma Goethals Consulting, Irene Giménez, quien acusó al Gobierno de estar enviando con sus acciones “pésimas señales” a la comunidad inversionista internacional.

“El Gobierno en este momento debería dar señales positivas para atraer la inversión y no las está dando”, aseguró Giménez, quien ejemplificó esta aseveración con la intervención en la propiedad privada de algunas empresas y el control de precios.

Giménez aprovechó la oportunidad para explicar la disminución en los precios de los artículos de la cual presume el actual gobierno, la cual aseguró que no se debe al Control de Precios que solo afecta el libre mercado del país.

Los diferentes gremios empresariales, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), cuestionaron la política económica del Gobierno y le solicitaron al presidente Juan Carlos Varela que se reúna con ellos para unificar criterios.

La analista económica informó que este hecho responde a la desaceleración económica del país y explicó que al haber menor movimiento de la economía, hay menos personas en la calle consumiendo, por lo que por una reacción lógica del mercado los precios tienden a bajar.

Sin embargo, al momento en que el Gobierno decida reactivar la economía, los precios volverán a subir, lo que revertirá los supuestos logros alcanzados en materia de precios, y “la población demandará más control o mayor amplitud de los productos controlados”, advirtió Giménez.

Con respecto a esto, Suárez, del Conep, cuestionó al Gobierno sobre si después de esto continuarán tomando decisiones que afectan la libre oferta y demanda y la seguridad jurídica del país.

Sobre este tema, el economista Rolando Gordón aseguró que las medidas del Gobierno terminan por afectar más a los consumidores panameños comunes.

Seguridad Jurídica

Suárez le recordó al presidente Varela que así como se reúne con los indígenas, los sindicatos y las comunidades, también lo debe hacer con el sector privado que es responsable por la generación del 80% del producto interno bruto (PIB) del país y por la creación del 77% de los puestos de empleos en el país.

Sin embargo, el secretario de comunicación del Estado, Manuel Domínguez, destacó que el presidente se ha reunido por separado con los distintos gremios que conforman el Conep, aunque le aseguró a Suárez que pronto el mandatario Varela estará reuniéndose con ellos.

Por su parte, el empresario Gaspar García, expresidente del Conep, desmintió las declaraciones de Domínguez y aseguró que los gremios con los que los ministros se han reunido tratan temas sectoriales, mientras que el Conep debate temas de Estado como salud, política fiscal, educación, los cuales afectan a toda la comunidad panameña.

García también mostró su preocupación por la política populista del actual gobierno, y sostuvo que la política social de un país debe estar enmarcada en las inversiones, cuyos resultados conlleven a que esa ayuda deje de ser necesaria, permitiendo la sostenibilidad del progreso.

Los subsidios y ayudas sociales deben estar enfocados en que a cierto tiempo se les entregue a los individuos las herramientas suficientes para subsistir sin la ayuda del Estado y no se vuelvan una carga para el mismo, agregó.

“Si estás dando ayuda por quedar bien o por responder a lo que las encuestas sociales piden, no se está gobernando para cuando ya no se seas gobierno, que es la responsabilidad que debe tener un mandatario”, agregó.

“Hay que gobernar de una manera en que el país siga funcionando cuando esa persona ya no tenga la responsabilidad”, explicó García, quien pidió que las decisiones se tomen en consenso con todos los gremios del país para que puedan ser sostenibles.

“Si se toman decisiones sin consenso, cuando llega el próximo gobierno desmonta todo lo que se había hecho, porque encontrará grupos que no están de acuerdo”, explicó García.

No obstante, el ministro del Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, discrepó de las críticas del sector privado.

El titular de la cartera de vivienda dio fe de que ninguna de las acciones del Estado atentan contra la seguridad jurídica del país y que, por el contrario, se hacen para el bien del sector.

Beneficios sectorizados

Actualmente en Panamá se están priorizando ciertos sectores inversionistas, como son las multinacionales, informó la analista económica Irene Giménez, ejecutiva de la firma Goethals Consulting.

Según explica Giménez, la carga que se les quita a las empresas multinacionales (SEM), que actualmente ya son más de 100, la están llevando los inversionistas locales. Esto, haciendo referencia a la exoneración de ciertos impuestos que se le ofrece a las SEM como incentivo para que inviertan en Panamá, pero que el sector privado local si debe pagar.

“Las cargas se deben equiparar para el sector inversionista”, de manera que también se incentive la inversión privada local y se mantenga estable, que ciertamente es quien genera parte de las riquezas del Estado, aseguró Giménez. “Si funciona en Howard, por qué no va a funcionar en el resto del país”, cuestionó.

Aporte privado

• 80% del producto interno bruto (PIB) de Panamá es producido por la empresa privada.
• 77% de los empleos que se generan en el país provienen de la empresa privada.

Economía nacional

• 2 tercios de la economía lo componen las inversiones extranjeras y la local.
• 24 gremios conforman el Consejo Nacional de la Empresa Privada.
• 11 meses de gobierno han pasado y el Ejecutivo aún no se reúne con el sector empresarial.